El trámite parlamentario para la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo ha demostrado que en este momento la derecha española solo puede gobernar si arrasa, y también que tiene voluntad de hacerlo. Eso puede ocurrir, antes o después, pero por ahora depende de que el resto de fuerzas falle al articular el mandato democrático del 23J. Las negociaciones están en marcha, tienen poco margen y ninguna alternativa.

El PP ha asumido la agenda de Vox con la naturalidad que le da su genealogía franquista. En algunos casos los reaccionarios tradicionales son menos zafios que los levantiscos, pero a menudo la sinergia es plena. El repaso sin compasión que Núñez Feijóo le dio al PNV evidencia que, llegados a este punto, no van a hacer rehenes. El líder del PP ha ganado crédito y se ha reforzado tanto interna como externamente.

INVESTIDURA, LEGISLATURA Y GENERACIÓN

Teniendo en cuenta la beligerancia de la derecha y su voluntad de expandir esa rabia desde las instituciones hasta las calles, el resto de fuerzas deben decidir en qué plano se sitúan. En principio, la investidura de Pedro Sánchez debería ser relativamente sencilla. La legislatura no parece que vaya a ser fácil en ningún caso. Los debates estructurales requieren mayor ambición, talento y cooperación por parte de todos.

Si el mandato compartido es, en gran medida, levantar un muro ante el totalitarismo, un pacto mínimo dará algo de tiempo, cada año que se gane supondrá un poco de aire, pero solo un plan para otros plazos puede ayudar a construir alternativas viables al proyecto reaccionario y violento.

Las fórmulas y los plazos para sostener esa alternativa democrática compartida deben ser compatibles con los proyectos legítimos de cada nación. El independentismo, la ciudadanía vasca, catalana y galega que aspira a construir un Estado propio en base a las mayorías expresadas en las urnas y con respeto a las minorías, tiene que saber cómo puede recorrer ese camino democrático sin amenazas.

AMNISTÍA, LEGITIMIDAD, GARANTÍAS Y UNILATERALIDAD

Cada agente en un conflicto tiene derecho a hacer su relato sobre el devenir de los acontecimientos políticos, realzando sus virtudes y acentuando los problemas ajenos, pero nadie debería caer en el negacionismo, ni del conflicto en sí ni de los problemas propios.

Ni los poderes del Estado español se van a transformar a través del proselitismo democrático ni el independentismo va a evaporarse a golpes. La represión no va a solucionar nada, solo puede violar derechos, decantar mayorías y perder tiempo. El Estado español lleva demasiado tiempo en esa senda. Que el Ministerio de Interior «aclare» a Europol que no considera «los movimientos independentistas como terrorismo» es un avance importante y a la vez un símbolo de los problemas que tienen los poderes españoles para entender cómo gestiona las discrepancias políticas un Estado de Derecho avanzado.

Asimismo, para cambiar estructuras de estado hacen falta mandatos democráticos claros y cualificados, dentro de acuerdos políticos de país. La unilateralidad se termina en el momento en que se asume el diálogo como mejor instrumento político y se acepta la voluntad democrática de sociedades adultas. Una buena mediación puede ayudar a avanzar y pactar.

No son tiempos para la hiperventilación. Quienes negocian deben mantener la serenidad, la ambición y el realismo. El PSOE ha dicho que no quiere dilatar las negociaciones y tiene sentido. Para anticiparse, EH Bildu, PNV, ERC, Junts y BNG deben rememorar todas las lecciones de los procesos vasco y catalán. Sería inteligente adoptar posiciones comunes en cada país y contrastarlas. En negativo, Núñez Feijóo ha marcado una hoja de ruta que sirve de brújula.