Más de 37.000 personas fueron encarceladas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en los primeros compases del franquismo, de 1936 a 1945, según el proyecto de investigación que coordina el doctor en Historia Contemporánea de la UPV-EHU Jon Penche, de las que 5.100 eran mujeres. Según los primeros datos corroborados, 2.314 personas fallecieron en prisión, aunque pudieran ser más.

Son los primeros retazos del estudio, que desvela que 500 de las 37.000 personas prisioneras eran vecinas de alguna localidad de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, siendo el resto de otros territorios, algo comprensible viendo el periodo histórico analizado, los años de la guerra provocada por el golpe de Estado fascista, con la sucesiva caída de localidades bajo el control de las tropas a las órdenes de Franco y la brutal represión desatada contra quienes defendieron la legalidad republicana.

Cuando la investigación se dé por concluida, además de hacer públicas las conclusiones, la base de datos con las fichas de las personas encarceladas se pondrá a disposición de familiares e investigadores para su consulta.

Es uno de los proyectos impulsados para esclarecer la verdadera dimensión de la represión fascista del Instituto de la Memoria Gogora, cuyo Consejo de Dirección se reunió ayer a la tarde en Bilbo. La investigación sobre el sistema de prisiones del franquismo entre 1936 y 1945 se inserta en el ‘’Informe-base de vulneraciones de Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo (1936-1978)’’ en el que trabajan.

Para dotar de herramientas a los investigadores, Gogora va a firmar un convenio con el Ministerio de Cultura español para acceder y digitalizar la documentación del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, que se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. La autorización supone, de hecho, la aplicación de la disposición transitoria segunda -recuperación de fondos documentales- de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada el pasado jueves en la Cámara de Gasteiz.

SESENTA AÑOS DE LA CREACIÓN DEL TOP

La creación del TOP, el 2 de diciembre de 1963, tras el fusilamiento el 20 de abril de aquel año del dirigente comunista Julián Grimau, fue un intento de «blanquear» la imagen exterior del régimen en un momento en que Franco había presentado la candidatura del Estado español a ingresar en la Comunidad Económica Europea.

Algunos de los delitos juzgados hasta entonces por cortes militares pasaron a ser competencia de este tribunal especial, que dio paso el 4 de enero de 1977 a la Audiencia Nacional. Su transformación es evidente, 10 de las 16 jueces del extinto TOP fueron nombrados magistrados de la AN o del Supremo.

En una primera aproximación, se sabe que se conservan en los archivos de Salamanca más de 2.700 procesos del TOP contra personas que residían por entonces en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque los historiadores persiguen hallar los sumarios de personas naturales de alguno de estos tres territorios históricos, ya que consideran que son más los procesados por el tribunal especial de origen vasco.

Este estudio, en opinión de Gogora, supondrá una «importante contribución al esclarecimiento de la verdad del tardo-franquismo e inicios de la transición», ya que considera que permitirá conocer buena parte de las dimensiones y características de la represión padecida durante este periodo histórico.

Además, para el Instituto de la Memoria, poder acceder a esta documentación resulta «clave» para recuperar la historia de los movimientos sociales, dinámicas políticas y culturales de oposición a la dictadura.