El consejero de Educación de Lakua, Jokin Bildarratz, volvió a defender ayer la contratación del abogado Joanes Labayen, que elaboró un informe sobre la posibilidad de prorrogar los servicios de transporte escolar que habían quedado desiertos en Bizkaia y Araba. Un encargo realizado a cambio de 5.400 euros más IVA pese a ser consejero de Autocares Urpa, adjudicataria de quince rutas escolares en Gipuzkoa por valor de 4 millones.

En su intervención ante la Comisión de Educación del Parlamento de Gasteiz, Bildarratz explicó que, a su juicio, no se da un conflicto de intereses, e incidió en que «no existe ningún ápice de duda» sobre la legalidad de contratar como asesor a Labayen, pareja de la presidenta de la Cámara, la jeltzale Bakartxo Tejeria.

Sobre las cuestiones «éticas», apuntó que, en el caso de la abogacía, el código deontológico establece que un letrado no podrá «defender o asesorar a un cliente cuando los intereses de este puedan confrontarse con los de otro cliente»: «Trasladado lo expuesto al caso que nos ocupa, Cuatrecasas no podría asesorar al Gobierno Vasco si el asesoramiento que nos fuera a prestar pudiera perjudicar a Urpa».

Así, el único atisbo de autocrítica se limitó a las formas empleadas por el Ejecutivo. «Acepto que quizás no hemos acertado en explicar la contratación del despacho Cuatrecasas y que haya podido producir confusión», dijo antes de dar paso a la intervención de los grupos de la oposición.

«MODUS OPERANDI»

El primero en intervenir fue Ikoitz Arrese, de EH Bildu, que incidió en que «las cosas no se han hecho bien». «Las formas de actuar no son escrupulosamente correctas», añadió antes de denunciar que «a este Gobierno le faltan mecanismos de control y de transparencia», aseverando que la Ley de Transparencia lleva diez años «parada».

El parlamentario soberanista destacó que la «cuestión no es únicamente si este tipo de prácticas son legales o no, la cuestión es si son éticas y si se ha procedido de la mejor manera que se podía. Y claramente a EH Bildu le parece que no». «Esto significa que este Gobierno tiene un problema encima de la mesa, y que hay un patrón que se alarga durante años. Hay un modus operandi que se traslada a la actuación del Gobierno y a los diferentes departamentos», manifestó, censurando que «este Gobierno da a posteriori las explicaciones que debería dar a priori. Las dan cuando estallan los problemas. Tarde».

En el mismo sentido se pronunció Isabel González, de Elkarrekin Podemos-IU, quien criticó «esta manera de proceder», con un «aluvión de datos a última hora e informes que se prometen y nunca llegan». Señaló que se trata de un caso que responde a tres adjetivos: «Oscuro, irregular, no estético». Por ello, defendió la puesta en marcha de una comisión de investigación. «Si el Gobierno cree que lo ha hecho bien no tiene que tener miedo a que se celebre».

Además, preguntó al consejero por qué no se recurrió a letrados propios de Lakua para realizar el informe. «Y, por otro lado, ¿pidieron servicio jurídico a Cuatrecasas o a una persona del gabinete?», cuestionó en alusión a la figura de Joanes Labayen.

En este sentido, el parlamentario de PP Carmelo Barrio sacó a colación la vinculación «directa» del abogado con el PNV. «Vemos que se quiere favorecer a miembros del PNV por parte del Gobierno», afirmó, y expresó dudas sobre la legalidad de contratar al letrado.

«¿Puede un miembro del Consejo de Administración de una empresa de transporte escolar asesorar sobre el cumplimiento de una orden de ejecución forzosa que puede acabar en una denuncia penal contra compañías que compiten ellas en el mercado? ¿Eso está bien?», preguntó durante su intervención.

Desde el grupo mixto, José Manuel Gil (Ciudadanos) y Amaia Martínez (Vox) también hablaron de «amiguismo» y de «redes clientelares».

Cabe señalar que hasta María Jesús San José, parlamentaria del PSE -formación que comparte Gobierno con el PNV- reconoció que la información es «preocupante».