Siguen con la confusión sobre Corrugados

Diez años después de que el grupo Gallardo, dueño de Corrugados de Azpeitia, decidiera cesar la actividad dejando a cerca de 300 trabajadores en la calle, la empresa siderúrgica vuelve a estar de actualidad. La razón es una resolución judicial que anula el decreto del Ayuntamiento de Azpeitia que dejaba sin efecto la licencia de actividad. El Juzgado considera que no existen razones para anular dicha licencia. La resolución no tiene efectos prácticos, pero, en cualquier caso, el Ayuntamiento anunció ayer su intención de recurrir el fallo.

A pesar de que la sentencia señala expresamente que no se pronuncia sobre el reinicio de la actividad, la mayoría de medios optaron por señalar que lo que el juzgado había anulado era el decreto que impedía reabrir la empresa, algo que en ningún caso se ajusta a la realidad. De este modo, continúa la campaña de presiones sobre el Consistorio de Azpeitia que se inició en 2021, cuando el nuevo dueño de Corrugados, el grupo Cristian Lay, lanzó la hipótesis de una reapertura de las instalaciones. Sin mayor soporte documental, el grupo anunció que invertiría 50 millones y puso como condición que se reabrieran en su actual ubicación -el centro del pueblo-. Esos mimbres fueron suficientes para que las instituciones gobernadas por el PNV, Gobierno de Lakua y Diputación de Gipuzkoa, consideraran la idea como un plan factible y presionaran al Consistorio para que lo aceptara. El Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu, siempre señaló que esa ubicación no respetaba ni el plan urbanístico del municipio ni el plan territorial parcial, y propuso un emplazamiento alternativo dentro de la localidad. Finalmente, tras alimentar la incertidumbre, el grupo renunció a la reapertura. Solo con posterioridad el Consistorio anuló la licencia de actividad que el Juzgado acaba de considerar que no ha caducado.

Poco importan los hechos cuando de lo que se trata es de desgastar al adversario político; cualquier excusa sirve para seguir sembrando incertidumbre y confusión. Una actitud que en nada contribuye a solucionar los problemas de la gente, a mejorar el bienestar general y a dignificar la política.