Lo que toda la ciudadanía sabe y calla, cuando se recopila y se muestra de manera oficial adquiere un nuevo valor que debe desmigarse. El Defensor del Pueblo del Estado español es el donostiarra Ángel Gabilondo y ha recopilado informes de afectados por los abusos sexuales sufridos en el ámbito de la Iglesia católica. En todos sus niveles, de todas las formas y métodos, algo que hemos escuchado relatar a familiares, amigos, artistas, profesores, dependientas de comercios. Una plaga delictiva extendida de manera impune en todos los renglones. Desde las sacristías de pueblo hasta los colegios e internados de pago. Y siempre con un silencio corruptor y provocador de males mayores, con una coraza protectora jerárquica para tapar todos estos desmanes porque, era obvio, se trataba de algo estructural y los que hoy son obispos, ayer fueron curas y…

Los porcentajes sobre abusos a niños y jóvenes es casi el doble que a niñas. Las circunstancias en las que se producían alcanzan a toda la escala social, los daños causados son irreparables e imposibles de calibrar de manera fehaciente. La tendencia a pagar dinero a los afectados para crear una manta de silencio y olvido es una mala solución, porque lo que debería ser adecuado es cerrar esa maquinaria de corrupción y abusos por orden judicial. Y la ocurrencia de Gabilondo de que se paguen indemnizaciones a los afectados con cuenta al presupuesto del Estado es una perversión sospechosa. Que pague la Iglesia católica todo lo que tenga que pagar, patrimonio y bienes inmuebles robados tiene de manera ostentosa. Ni un euro de mis impuestos.