En la página 15 del informe de este año en que propone reconocer a 66 víctimas de violencia estatal, la Comisión de Valoración introduce esta confesión: «Las personas que formamos parte de la Comisión, aun siendo especialistas en la materia, nos encontramos muchas veces abrumadas por lo doloroso de los casos y aún más por la actualidad del sufrimiento de las víctimas y sus familiares. Debería hacernos tomar conciencia de que no es un asunto del pasado».

Este sufrimiento sostenido en el tiempo se percibe claramente en el apartado relativo a las personas torturadas, 49 en este informe. Los tormentos aplicados se detallan y componen un cuadro estremecedor. Sobresale entre otras cosas la violencia sexual aplicada, llegando en un caso hasta la muerte; entre las 66 víctimas figura María José Bravo, a quien secuestraron, violaron y finalmente mataron en Loiola (Donostia) en 1980, en una acción reivindicada por el Batallón Vasco Español.

Aparte, en el espacio totalmente opaco de los calabozos se han registrado otras agresiones sexuales tan graves como impunes. Uno de los testimonios acreditados es el de una mujer que padeció tocamientos y finalmente una penetración tras ser obligada a permanecer desnuda y en posiciones humillantes.

Un buen número de testimonios refieren similar brutalidad, aunque con detalles diferentes, todos muy sórdidos. «Te amenazaban todo el rato con que te iban a meter de todo, una pistola, una botella manchada con sangre de una persona con el sida...», apunta una de las víctimas reconocidas oficialmente.

«AHÍ REVENTÉ»

A otra la tumbaron desnuda en una mesa y uno de los policías «me agarró por el pezón y me dio un pellizco mientras seguían pegándome en las plantas de los pies». En uno de los casos, una detenida tenía que mostrar sus pechos a cada agente que entraba en la sala...

La Comisión refiere así el padecimiento de otra mujer incomunicada: «Le dijeron que, gracias a la colaboración con Francia, tenían un método sofisticado para dejarla estéril mediante la aplicación de una luz ultravioleta producida por una lámpara especial que le quemaría los ovarios sin dejar lesiones aparentes. Dado su deseo de ser madre biológica, afirma haberse derrumbado en aquel momento».

Tras las palabras llegaron los hechos: «Comenzaron a pasar por la parte inferior del vientre una especie de lámpara de la que emanaba un calor muy intenso. Intentó protegerse pero no pudo porque dos policías le sujetaban el cuerpo y los brazos. ‘Me decían que me iban a pulverizar los ovarios, me iban a dejar estéril para toda la vida’».

En cuanto a las torturas sexuales a los hombres, este es un testimonio elocuente recogido por el grupo de expertos: «Vinieron con un palo de escoba. De repente, me bajaron la ropa y ya... [se queda sin palabras y hace un gesto con las manos como de final y confusión] Ahí reventé. Me distancié de mí mismo. (...) Me introdujeron el palo de escoba por el ano [baja el tono de voz, se expresa con dificultad]. ¡Es tremendo! Ahí me rompieron mentalmente, ahí te sientes una mierda. Ahí, si me llego a morir, pues a gusto (...) Es la primera vez que lo cuento [resopla y baja el tono de voz aún más]. Son cosas que llevas dentro, no lo cuentas, lo revives, luego oyes a otra gente, sobre todo a chicas que les ha ocurrido lo mismo... ¿Puede haber tanto salvaje? A todos los que estuvimos allí nos lo hicieron, pero solo lo ha contado uno (...) Allí nos mataron un poco a todos».

MODALIDADES DE TORTURA

La Comisión de Valoración refiere casos de torturados que han sufrido golpes en los testículos con una regla, con una porra... A otro le enseñaron un hacha y le dijeron: «Te vamos a cortar el pito y se lo daremos de comer a los perros», a lo que siguió un simulacro de ejecución. En ambos sexos todo ello se acompañaba de vejaciones, humillaciones, insultos, amenazas dirigidas a sus parejas o madres.

La variedad de tormentos quedó recogida oficialmente en genérico en el informe del IVAC que acreditó 4.113 casos ya en 2017. Pero en este informe esas torturas se recogen aplicadas a personas concretas, aunque lógicamente el informe preserve su identidad.

La casuística es variada pero siempre tremebunda: «Con el torso desnudo, los policías que le interrogaban le apagaban cigarrillos en la espalda»; «permanece durante horas colgada por las esposas, sin contacto con el suelo»; «completamente desnudo, fue colgado de una viga por las esposas y le golpeaban el vientre»; «permanece alrededor de 36 horas de pie con la nariz tocando la pared, bajo amenaza de golpearle»; «abren la ventana y le colocan en el alféizar de la misma, amenazándole con lanzarle al vacío si no habla»...

Entre los casos reconocidos aparecen la «bolsa» («sentí asfixia hasta la agonía»); la «bañera» («le introducen la cabeza en agua sucia, con vómitos, serrín, pelos y orines»); electrodos en diversas partes del cuerpo; o el «quirófano» («con medio cuerpo sobre una mesa, un agente sentado sobre las piernas, recibe golpes en tripa, estómago, diafragma, testículos...»).

AMENAZAS E INHIBICIÓN

Buena parte de estas personas detenidas quedaron libres sin cargos tras la detención (14 sobre 49). Los que salieron siguieron recibiendo amenazas o acoso. Así que no denunciaron por miedo a represalias.

En los casos que las víctimas sí intentaron contar lo ocurrido, se encontraron con que sus interlocutores «callaron y miraron hacia otro lado teniendo cargos de responsabilidad en la cadena legal, médica y judicial». En un caso, la persona detenida le dijo al juez que «la declaración no era verdad» pero este le respondió: «Hala, ¡vete con Dios!». Otro magistrado replicó al arrestado que le quería mostrar las marcas en su cuerpo: «No me interesa en absoluto».

Mención al dolor añadido a los Lasa y Zabala por las cargas

Dada la especial conmoción social que creó, y más aún ahora que acaban de cumplirse 40 años, la atención mediática en torno a este informe se está centrando en el reconocimiento como víctima de Joxi Zabala. Le seguirá el de Joxean Lasa, que sufrió el mismo hecho criminal pero llegará más tarde por una cuestión de plazos en la presentación de la solicitud.

En este caso, la Comisión de Valoración no ha necesitado hacer un análisis exhaustivo, puesto que la sentencia de la Audiencia Nacional es taxativa, contrariamente a otros casos en que ni siquiera se llegó a juicio. Pero sí es novedoso el subrayado de la Comisión sobre el dolor que añadió a las familias la sucesión de cargas policiales cuando recuperaron los restos de los dos jóvenes, tras haber pasado casi doce años de desaparición sin pista alguna.

El informe certifica que «los familiares de Joxi Zabala recuerdan con inmenso dolor la fecha del 21 de junio de 1995», en que primero la Guardia Civil y la Policía española «ocuparon el aeropuerto y cargaron violentamente contra las numerosas personas que se habían reunido allí». La madre de Zabala narró concretamente en la reunión con estos expertos que «nos dieron pelotazos y porrazos. Volvimos mareados en el coche».

«Más dolorosa aún fue para la familia -sigue diciendo el dictamen- la actuación de la Ertzaintza en el interior del cementerio de Tolosa. Cuando entró el vehículo con los féretros, la familia, que logró acceder al recinto a duras penas, se encontró rodeada de agentes de la Ertzaintza. Y a pesar de su condición de familiares, fueron ‘apaleados, tirados al suelo, golpeados en la cabeza...’», reproduce a partir de su testimonio.

Los miembros de la comisión recuerdan que los familiares interpusieron una denuncia, pero no prosperó. Desde Lakua (que entonces dirigía José Antonio Ardanza y tenía como consejero de Interior a Juan María Atutxa) se dijo públicamente que la carga fue «totalmente proporcional», aunque en privado recibieron una «carta disculpatoria por mensajero desde el Gobierno vasco».

En la reciente entrevista a GARA, el abogado de las familias, Iñigo Iruin, manifestaba su incomprensión total por la actitud de la Ertzaintza aquel día: «La orden del juez [Carlos] Bueren era inequívoca y no requería interpretación. Una vez trasladados los restos de Joxi y Josean a Hondarribia, debían hacerse entrega a sus familiares. Literalmente decía, ‘hágase entrega’. Ante la negativa de la Ertzaintza a hacerlo, exhibí esa resolución judicial al mando. Este efectuó una llamada telefónica al juez Bueren, quien le confirmó su contenido. A pesar de ello, la Ertzaintza desobedeció el mandato judicial».