«Tardamos en escuchar y actuar», dice Lakua a torturados, sin Urkullu

Con medio siglo de retraso en buena parte de los casos, el Gobierno de Lakua reconoció ayer como víctimas de violencia estatal a 66 personas, 49 de ellas torturadas. «Tardamos en escuchar y actuar», admitió la consejera de Justicia, Nerea Melgosa, en ausencia llamativa del lehendakari Iñigo Urkullu. Cuatro testimonios resumieron un dolor agravado por la desatención oficial.

Como fruto del tercer año de trabajo derivado de la ley de 2016, el Gobierno de Lakua reconoció ayer en el Palacio Kursaal de Donostia a 66 víctimas de violencia estatal, entre las que figuran muertas, heridas y torturadas. Un evento emotivo, puesto que atrás quedan décadas de desatención oficial que ha acarreado un plus a su sufrimiento.

«Injusticia», «impotencia», «negación»… fueron algunos de los conceptos evocados en la introducción. «Que no se olvide que fuimos torturados», «no hubo investigación ni juicio», «que no se vuelva a repetir», «aquello estuvo mal»… La «bolsa», el «quirófano», la «bañera», deseos generalizados de morir en comisaría... Eran extractos todos ellos del informe de la Comisión de Valoración que resume estos 66 casos. “Verdad, memoria, reconocimiento, garantía de no repetición” se leía en la gran pantalla que presidía el acto.

El Gobierno de Lakua agradeció la aportación de quienes han concurrido a este proceso, las que han podido contarlo y las que «se les ha quebrado la voz», las que viven aún y las que ya han fallecido. Cinco eran menores cuando ocurrieron los hechos ahora reconocidos y la inmensa mayoría no pasaban de la treintena, pero ha transcurrido tanto tiempo que a algunos se les ha ido media vida o más en esta reivindicación de reconocimiento. Por dar un dato, Mari José Bravo, a quien ultraderechistas violaron y mataron a los 16 años en Loiola (Donostia), tendría ahora casi 60.

«Intento imaginar lo que pasasteis, pero seguro que fue mucho más allá», admitió la consejera de Justicia, Nerea Melgosa, con especial referencia a las personas torturadas, que son 49 de estas 66. «Os quisieron arrebatar la dignidad, pero no lo consiguieron. Fueron experiencias crueles e inhumanas que marcaron vuestras vidas. Y después, una pesada mochila de décadas, por una experiencia traumática radicalmente injusta que os marcó para siempre. En silencio o con la solidaridad de los vuestros. No siempre hemos estado como sociedad dispuestos y dispuestas a escucharos. Tardamos en escuchar y tardamos en actuar».

Melgosa añadió que «falta mucho por hacer» y marcó tareas concretas como la desclasificación de archivos oficiales o «romper los silencios cómplices». Aludió también a que «no se ha hecho la debida justicia» y en consecuencia hay que hacer «autocrítica sincera». Se la exigió a Madrid: «No hay razón de Estado que justifique la violación de derechos fundamentales».

A estas víctimas les prometió «acompañamiento». Y dio las gracias a los expertos de la Comisión de Valoración, que no eluden críticas a la inacción oficial en su informe. Reclaman más medios e incluso cambios legales, entre otras cosas para indemnizar a los torturados.

Precisamente fue la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, quien intervino a continuación. Antes que nada agradeció a estas víctimas porque «nos ha dado lo más importante que se puede dar: la confianza». Señaló que les han trasladado vivencias «terribles» que dejan padecimientos hasta el día de hoy.

Junto a ello, Balmaseda reiteró la preocupación expresada ya en el Parlamento la víspera por la carencia de medios. «Hay que contribuir a la visibilización de estas víctimas, que no quede en un espacio de expertos. Esto tiene que trascender a la sociedad porque se lo debemos a la sociedad. Hay que despertar de la anestesia», dijo parafraseando a Jon Mirena Landa.

CUATRO TESTIMONIOS

Cuatro voces de otras tantas víctimas resumieron el dolor acumulado en la parte final del acto. La primera, en un testimonio leído, fue la de Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa (que será reconocido en una fase posterior).

Olatz Etxabe, hija de Iñaki, víctima del Batallón Vasco Español (cuyo caso se recoge en el texto adjunto), tenía diez años cuando vio a su aita muerto a tiros. Recordó el shock del momento y luego el impacto que tuvo en la familia. «Sientes el agravio porque no hubo ni investigación. Creemos que fueron guardias civiles y quizás estén condecorados. Dijeron que mi padre había muerto por el shock, cuando le pegaron 17 tiros».

A Lisardo Caro le disparó la Policía en Herrera (Donostia) cuando iba hacia su casa tras estar con unos amigos en una tarde de manifestaciones por la muerte de Iñaki Kijera. Recuerda las ráfagas, el despertar en la UCI, las seis intervenciones quirúrgicas… Durante mucho tiempo «no hablamos de eso. Hoy tengo oportunidad de hacerlo en voz alta y viene bien para el alma». Con la voz entrecortada, recalcó que ese dolor dura toda la vida: «Todos los días ves tus cicatrices y hoy sigo reconstruyéndome» (han pasado 44 años).

Luis Mari Raya tenía 19 cuando fue torturado en la comisaría del Gobierno Civil de Amara por ser sindicalista. Detalló en qué consistían el «quirófano» y el «tocadiscos», torturas sistematizadas. Le quedaron problemas para dormir, miedo a realizar labores políticas, un temor permanente… Su caso llegó incluso a juicio, pero acabó en absolución.

URKULLU, AL FINAL DEL PROCESO

Al acto asistió una amplia representación política e institucional, pero no el lehendakari, Iñigo Urkullu. Preguntado por ello en Euskadi Irratia, el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, le restó importancia asegurando que lo idóneo en estos casos es que el jefe de Gobierno no acuda a todos los actos anuales sino únicamente al final del proceso.

Los expertos de la Comisión de Valoración aseguran en su informe que si no se les dota de más medios esta dinámica de análisis y reconocimiento de casos podría alargarse hasta 2030.