El acuerdo para una ley de amnistía es una realidad entre PSOE y ERC, certificada el jueves con el apretón de manos entre Félix Bolaños y Oriol Junqueras, pero su redacción exacta sigue pendiente del punto de consenso que se acuerde con Junts. Y con ello, la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE no ha conseguido poner al debate la fecha del 7 de noviembre, martes, como pretendía, aunque técnicamente todavía podría ser posible si se desbloquea la situación el fin de semana. El plazo antes de dar paso irremisiblemente a otras elecciones concluye el 27 de noviembre: quedan aún tres semanas, por lo que Junts tiene margen para seguir apretando.

Un tuit de Carles Puigdemont en la noche del jueves dio la pista de dónde está la discrepancia, tras un día entero de reuniones de la dirección de Junts en Waterloo, en los que el atril para la comparecencia que sellaría el acuerdo fue montado primero y desmontado después. En él, el president represaliado dejó claro que «para tratar con el sistema político español todas las precauciones son pocas» y «ahora más que nunca».

Junts quiere amarrar todos los aspectos de la amnistía en marcha, algo que queda más detallado en el escrito del secretario general, Jordi Turull, a la dirección del partido, del que dio cuenta ‘‘La Vanguardia’’: «No dejaremos a ningún soldado tirado», dice. Y también añade: «No haremos una amnistía para vips». Turull plantea a sus compañeros «calma» para cerrar el mejor acuerdo posible.

Aunque desde Madrid se trata de atribuir la alusión al «soldado tirado» a la dirigente de Junts y expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada inicialmente por «falsedad documental» y «prevaricación», en el entorno de Puigdemont se piensa más en el caso de su jefe de oficina Josep Lluís Alay, sobre el que pesa el llamado «caso Voloh», un sumario impulsado por la Guardia Civil que trata de ligar el «procés» con Rusia.

SABOTAJES POLICIALES Y JUDICIALES

Junts muestra claros recelos también sobre la posibilidad de boicot judicial a una solución en clave de amnistía. Y no faltan motivos para ello, empezando por la revuelta de los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el PP, que con el mandato caducado desde hace un lustro, van a forzar un pleno de esta institución (posiblemente el lunes) para un posicionamiento contra la ley que se prepara.

También son sintomáticos dos movimientos producidos ayer. Tanto la filtración del informe de la Guardia Civil que implica a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la coordinación de Tsunami Democràtic, como la decisión de la Audiencia Nacional de llevar a juicio a 12 miembros de los CDR por delitos de «terrorismo», llegan solo un día después del acuerdo PSOE-ERC.

Al otro lado del escenario, Junts también recibe la presión -relativa, hoy en día- de la Assemblea Nacional Catalana, que ayer criticó duramente el acuerdo de los republicanos.

CONDONADA DEUDA A CATALUNYA Y GALICIA

Además de la cuestión de la amnistía, ERC y PSOE pactaron un traspaso integral de Rodalies a la Generalitat y la reducción del déficit fiscal. En concreto, el pacto recoge una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que suponen 15.000 millones de euros.

Dentro del acuerdo con el BNG, avanzado ayer y validado ya por su Ejecutiva, se incluye también la condonación de la deuda pública de 12.333 millones de euros que tiene Galicia desde 2021. Y se avanza un acuerdo sobre los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53, punto importante para la formación, según subrayó el pasado domingo en estas páginas su líder, Ana Pontón, quien ayer admitió que solo faltan algunos flecos.

Estos acuerdos ya han movilizado a presidentes autonómicos del PP que reclaman «café para todos». El primero en salir a la palestra, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, reclamó 17.000 millones. Y Castilla-León avanzó que acudirá a los tribunales.

EL PNV TAMBIÉN NEGOCIA

En esta recta final de negociación tienen que definirse también las contrapartidas al PNV, cuyos votos requiere la investidura. La formación jelkide negocia a través de Aitor Esteban y Andoni Ortuzar, con la intención de mantener el pulso hasta última hora.

No es el caso de EH Bildu, que afirmó de entrada que no tenía líneas rojas y que apoyará a Sánchez para evitar una repetición electoral que vuelva a dar alas a las derechas.