El «statu quo» arrebata el partido al futuro presidente de Guatemala

Miles de personas, convocadas por organizaciones indígenas, se volvieron a manifestar en Ciudad de Guatemala en la Gran Marcha por la Democracia. Lo hicieron después de que el futuro presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se quedara sin su partido, el Movimiento Semilla, con el que ganó las elecciones el 20 de agosto.

El mismo día que el país centroamericano cumplió un mes de protestas frente a la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acató la orden del juez séptimo, Fredy Orellana, y procedió a suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. De esta manera, se cumplió el plan de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que había solicitado al juez inhabilitar esta formación socialdemócrata desde que se conoció que pasaba a la segunda vuelta, tras los comicios del 25 de junio.

Nada más hacerse públicos los resultados, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, desveló una investigación a raíz de una denuncia por supuestas firmas falsas y rúbricas de personas fallecidas a la hora de constituirse Semilla como fuerza política en 2018. El 12 de julio, cuando el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, el juez Orellana ordenó la suspensión jurídica de esta formación, si bien en ese momento el director del Registro de Ciudadanos de ese organismo, Ramiro Muñoz, se negó a cumplir la orden judicial alegando que iba en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, que establece que «no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado».

La Corte de Constitucionalidad también frenó la orden del juez a raíz de un amparo provisional de Semilla, lo que permitió a Arévalo postularse a la segunda vuelta, que acabó ganando. Ello no impidió que nuevamente se activara todo el mecanismo judicial para acabar con su partido.

El 28 de agosto, el día en el que se ratificó la victoria del candidato de Semilla, el director del Registro de Ciudadanos del TSE decidió acatar la orden del juez Orellana de suspender esta formación. Sin embargo, finalmente no pudo, dado que los magistrados del Tribunal Electoral resolvieron que no se podía inhabilitar la personalidad jurídica de Semilla hasta que finalizara el 31 de octubre el proceso electoral.

DIPUTADOS SIN GRUPO EN EL CONGRESO

Pese a que se especulaba con la posibilidad de que el TSE extendiera el proceso hasta que Bernardo Arévalo tomara posesión de presidente el 14 de enero de 2024, finalmente no lo prorrogó ni un día más reactivando así la suspensión del partido ganador de los comicios. La consecuencia directa será que los 23 diputados que logró Semilla en el Congreso serán declarados independientes, por lo que no podrán formar parte de las Comisiones, ni tendrán voz ni voto en la reunión de jefes de bloques.

El diputado de Semilla Samuel Pérez sostiene que solo el TSE puede suspender partidos por «motivos muy específicos, pero no un juez penal sin justificación». En este sentido, advierte de que, si se permite, «van a querer suspender empresas, sociedades anónimas, iglesias, universidades y lo que quieran como Nicaragua».

«Ni un paso atrás» y «Fuera los corruptos», han sido dos de los lemas más coreados el viernes por quienes salieron a las calles en defensa de la democracia. Líderes indígenas y organizaciones sociales mantienen desde hace un mes un Paro Nacional Indefinido con bloqueos y manifestaciones frente a la Fiscalía para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la fiscal de la FECI Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, incluidos todos ellos en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos.

A pesar de la incertidumbre que se abre con la suspensión jurídica de Semilla, el TSE ya dejó claro que los resultados electorales, tanto de la primera como de la segunda vuelta, son «inalterables» y, por tanto, Arévalo y los diputados electos por ese partido deberán tomar posesión de sus cargos el 14 y 15 de enero, «con el objeto de mantener la justicia y paz en el proceso electoral».

De este modo, quiso disipar cualquier duda ante la denuncia realizada en los últimos meses por el futuro presidente de Guatemala de un «golpe de Estado» orquestado desde el «statu quo» para impedir su investidura.