Las elecciones de julio en el Estado español dejaron un mapa esclarecedor. Un Gobierno conformado por la derecha y la ultraderecha habría supuesto la involución en varios campos y el hecho de cerrar la puerta a dicha posibilidad es, sin duda, una buena noticia. Estos días, tras el anuncio del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, prosiguen las negociaciones de investidura y nueva legislatura; la aritmética deja claro que las fuerzas políticas de Euskal Herria, Catalunya y Galiza van a ser imprescindibles para mantener dicha opción de gobierno. Pues bien, la oportunidad debe ser aprovechada para dar pasos hacia la configuración de un marco propio de relaciones laborales y protección social.

Hemos respondido con huelgas generales a las reformas laborales y de pensiones impuestas desde el Estado. Afrontamos diariamente la centralización de la negociación colectiva con nuestra acción sindical. «Aquí trabajamos, aquí decidimos» ha sido también la principal reivindicación de las huelgas realizadas en la función pública hace unos días. El reconocimiento del Estado plurinacional y el debate de la estructuración territorial han estado presentes en las negociaciones con el Gobierno y en este contexto es imprescindible atender a la reivindicación mayoritaria de las trabajadoras y los trabajadores vascos: nuestro derecho a negociar aquí, sin injerencias, los salarios y las condiciones laborales.

La situación a nivel mundial, y más concretamente en Europa, no nos da demasiados motivos para la esperanza: en un contexto de crisis sistémica, los bienes y el poder se concentran en cada vez menos manos, la confrontación entre Estados se intensifica, como también lo hacen los conflictos internos de cada Estado. Se recrudecen los viejos conflictos al tiempo que se declaran otros «nuevos», y entre tanto, la extrema derecha no hace más que expandirse.

Sin embargo, existen tendencias contrarias a la corriente autoritaria y regresiva, como la nueva ola feminista o los procesos soberanistas que se están desarrollando en las diferentes naciones, en general, en parámetros más progresistas que los vigentes en su contexto político. Con motivo del 25 aniversario del proceso de paz de Irlanda del Norte hemos celebrado en Belfast los encuentros de los sindicatos soberanistas, la tercera edición tras las dos anteriores llevadas a cabo en Bilbo y Valencia. En estos 25 años el soberanismo ha cobrado fuerza en países como Irlanda, Escocia, Groenlandia, Islas Feroe, Córcega o Catalunya.

En nuestro contexto, el independentismo de izquierda también está ganando capacidad de influencia en diferentes ámbitos. Nos encontramos ante una nueva oportunidad, sin duda. Pero, ¿para qué vamos a aprovecharla y concretamente qué vamos a hacer en esa dirección? Desde el punto de vista del sindicalismo la respuesta es clara: queremos aprovechar el momento para constituir un marco vasco de relaciones laborales y protección social en Hego Euskal Herria.

Como hemos repetido en los últimos años, trabajamos por impulsar en Euskal Herria los cambios que no son posibles en Madrid y París, en ello estamos. Por supuesto, las mejoras sociolaborales que se puedan conseguir a nivel estatal serán bienvenidas; asimismo, el sindicalismo independentista hará frente a cualquier recorte que se nos imponga. No obstante, nuestro reto principal es levantar los frenos y superar los obstáculos existentes para desarrollar aquí, en Hego Euskal Herria, un modelo propio de relaciones laborales y protección social.

Nos marcamos como objetivo el código laboral vasco. En este sentido, en primer lugar y a corto plazo, debemos poner coto al proceso de estatalización de las relaciones laborales, es decir, conseguir que nuestros convenios laborales tengan prioridad sobre los estatales. Gracias a la lucha sindical estamos dando pasos: entre otras cosas, firmamos un acuerdo interprofesional para priorizar nuestros propios convenios en la CAV; conseguimos el primer convenio de intervención social en Nafarroa y estamos cerca de alcanzar el de residencias; los y las trabajadoras de Michelin en Gasteiz acaban de decidir crear un marco de negociación propio, etc.

Para seguir avanzando en la misma dirección existe otro obstáculo importante a superar: tenemos que conseguir la derogación de la modificación aprobada en 2010 que otorga prioridad a la negociación colectiva estatal. Asimismo, en aquellos ámbitos en los que la negociación colectiva es un derecho teórico pero no práctico, como es el caso de las empleadas de hogar, resulta aún más urgente garantizar la cobertura de los convenios de nuestro territorio. En definitiva, debemos conseguir el derecho a negociar, tanto en el ámbito privado como en el público, eliminando las limitaciones impuestas tras la crisis del 2008.

En cuanto a la protección social, subrayamos dos pasos posibles: por un lado, traspasar la competencia de la gestión de la Seguridad Social a la CAV, tal y como recoge el Estatuto, y abrir la posibilidad también para Nafarroa. Por otro, blindar la posibilidad de crear un sistema público complementario que garantice una pensión de hasta 1.080 euros en la CAV y en Nafarroa. Con estos avances tendríamos mejores condiciones para poder crear la seguridad social vasca en el futuro.

Hemos trasladado las consideraciones y exigencias anteriormente mencionadas a EH Bildu y PNV en sendas reuniones. EH Bildu valora el planteamiento de LAB y muestra su disposición a colaborar. El PNV, en cambio, se muestra reticente a las cuestiones que interpelan al Gobierno que gestiona, como la exigencia de negociar aquí las condiciones laborales de los servicios públicos o permitir una pensión complementaria de hasta 1.080 euros.

En las próximas semanas y meses LAB seguirá interpelando al ámbito político-institucional y fomentando nuevas oportunidades a través de la lucha sindical en la dirección del marco propio de relaciones laborales y protección social que mejore las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores vascos.