El juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón pisó el acelerador en la causa que investiga a la plataforma Tsunami Democràtic encausando por «terrorismo» a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como ya se vaticinaba, pero también al president legítimo en el exilio, Carles Puigdemont, y a otros diez independentistas catalanes. Las pesquisas sobre la plataforma catalana se aceleran en tribunales coincidiendo con el avance en las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y con la oposición de sectores de la Judicatura a la amnistía.

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 llega días después de recibir un informe de la Guardia Civil -semanas antes de lo previsto por el Instituto Armado- que coloca a Rovira en el centro de la investigación al sostener que tenía «un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma». Por ese mismo motivo, el juez imputa a Puigdemont, a quien «ofrece» la opción de comparecer en la Audiencia Nacional para declarar, amenazando en caso contrario con un suplicatorio al tratarse de eurodiputado.

«Los hechos podrían calificarse de forma indiciaria, indica el juez, como de terrorismo», anunció la Audiencia española al dar cuenta de esta resolución. Así, las protestas de este movimiento social que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés en el otoño de 2019 consistentes en ocupación del aeropuerto de El Prat o cortes de carreteras, son situadas como «constitutivas de diversas infracciones, entendiendo este magistrado quepueden tener la consideración de actos de terrorismo».

Según VilaWeb, la causa de Tsunami Democratíc podría entrar en el ámbito de una potencial amnistía que negocia Junts con el PSOE por más que los investigados acabaran acusados de «terrorismo», salvo aquellos casos en los que no hubiera víctimas mortales. No obstante, el medio catalán apuntaba que García Castellón ha vinculado la muerte de un pasajero francés, que sufrió un infarto el día de la protesta en el aeropuerto de El Prat por haber tenido que andar tres kilómetros a causa del bloqueo, con esa movilización, y señaló a los investigados como posibles responsables.

Además, el juez acuerda citar como testigo a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, «a fin de esclarecer lo acontecido» en una supuesta reunión celebrada en Ginebra con Marta Rovira en 2019, que la Audiencia Nacional intenta al parecer ligar con Tsunami Democràtic.

Horas después del anuncio de la Audiencia española, la Fiscalía del tribunal adelantó que va a recurrir el auto de García Castellón. Fuentes fiscales informaron a Efe de esta decisión, que se apoya en la convicción de que las actuaciones de ese movimiento no encajan en el delito de «terrorismo» y, al haber desaparecido el de sedición por la reforma del Código Penal, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.

OFENSIVA JUDICIAL

Puigdemont reaccionó de inmediato a la decisión de la AN alegando que se trata de un «golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o con togas». En esa misma línea, ERC aseguró que las imputaciones son «la reacción de los poderes reaccionarios del Estado a la amnistía», mientras que Otegi afirmó que «hay sectores del Estado profundo que tienen interés en que las cosas no avancen».

Durante las negociaciones, los partidos catalanes ya expresaron su preocupación sobre la amenaza de posibles obstáculos judiciales a una solución basada en la amnistía. Y no faltan motivos para ello, empezando por el anuncio de ayer y continuando con la decisión del pasado viernes de la Sala de lo Penal de la Audiencia española de enviar a juicio por delitos de «terrorismo» a doce miembros de los CDR, a los que se acusa de «planear acciones violentas en 2019».

En paralelo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró ayer un pleno extraordinario para «discutir» la amnistía del procés, una proposición de ley a la que ni siquiera han tenido acceso. Sin embargo, el Consejo aprobó una declaración institucional contra la futura amnistía que tacha de «medida de abolición del Estado de derecho», que «violenta la Constitución» y convierte a la Justicia en «una quimera». La propuesta salió adelante con el voto de los ocho vocales designados por el Partido Popular y cuyo mandato caducó hace cinco años, a los que se sumó el vocal Wenceslao Olea, y contó con el rechazo de los cinco vocales denominados «progresistas» y la abstención de su presidente, Vicente Guilarte.

Para Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), los vocales impulsores de la iniciativa «saben que no tienen competencia para informar sobre proyectos o proposiciones de ley», pero no les importa embarrar todavía más la Judicatura en la confrontación que también fomentó el jueves pasado el expresidente del Gobierno español José María Aznar al alegar que la «inhibición no tiene hueco. El que pueda hacer, que haga».