El ministro de Interior galo, Gérald Darmanin, anunció la semana pasada su intención de informar de manera detallada sobre las personas extranjeras expulsadas desde el Estado francés tras ser detenidas por cometer delitos. Darmanin hacía el anuncio en vísperas de abrirse el debate en el Senado sobre una nueva legislación antiinmigración con la que, según explicitó el pasado lunes aspira a «expulsar más y más rápidamente». El titular de Interior se jactó, además, de que el 70% de las demandas de asilo que se presentan en el Estado francés son denegadas.

La Prefectura de Pirineos Atlánticos remitió ayer un primer listado, integrado por 103 personas, de las cuales cuatro han sido expulsadas, señalaba en una nota, desde el Centro de Retención Administrativa (CRA) de Hendaia.

La ley francesa contempla ya la expulsión de personas de origen extranjero que cometen delitos, por lo que la nueva norma que, tras su votación en el Senado el pasado 14 de noviembre, pasará a tramitarse en la Asamblea Nacional, no aportará grandes novedades. Interior busca, eso sí, agilizar los trámites, entre críticas de la oposición de derecha de que no se cumplen en tiempo y forma las órdenes de expulsión.

Cosa distinta es el encaje jurídico de esa voluntad que podría, por extensión, limitar los derechos de personas detenidas, no ya por cometer un delito, sino por no contar con documentación legal, lo que es una falta administrativa. En muchas ocasiones son esas personas las que, máxime en zonas de frontera, terminan «retenidas» durante meses en esos centros administrativos para extranjeros.

UNA DESDE PRISIÓN

Según la nota de la Prefectura de Pirineos Atlánticos, las personas expulsadas la pasada semana desde el Centro de Retención de Hendaia tenían edades comprendidas entre los 27 y los 43 años de edad. Una de esas personas fue expulsada tras ser derivada al CRA situado junto a la Comisaría de Policía, en Hendaia, tras su salida de prisión, donde cumplió 15 años de encierro.

En el comunicado no se hace constar que ninguna de las otras tres personas, a las que la Policía imputa, sin embargo, diversos delitos, algunos de ellos de gravedad, fueran condenadas por un tribunal galo y cumplieran condena en el Estado francés por esos hechos.