PSOE y Junts podrían estar cerca de consolidar el acuerdo político que han estado negociando durante tres meses para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. Según adelantó a Eldiario.es, el acuerdo oficial podría ser anunciado en las próximas horas. Medios catalanes como VilaWeb aseguraban asimismo que el acuerdo está prácticamente cerrado.

Tras siete días de intensas negociaciones, las conversaciones entre PSOE y Junts continuaron ayer en la capital belga, donde permanecen junto al expresident Carles Puigdemont varios miembros de la cúpula de su partido, y el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Antes de la información de última hora publicada en diferentes medios, fuentes del equipo negociador del PSOE habían afirmado a la agencia Europa Press que se encontraban en un «momento clave» y auguraban que el acuerdo que facilite la investidura de Sánchez se alcanzará «antes del fin de semana». Así, desde el PSOE señalaron que trabajan en una ley de amnistía «impecable y sin fisuras» que pase el aval del Tribunal Constitucional tras el recurso que ya ultiman PP y Vox.

Aunque no se ha divulgado demasiada información sobre el texto que requiere la revisión de asesores legales de uno y otro partido, las cuestiones técnicas respecto al alcance de la amnistía habían ralentizado el acuerdo. Junts insistía en aumentar el perímetro de aplicación de la futura ley de amnistía para incluir los casos que el partido considera lawfare. Todo ello, cabe recordar, entre sabotajes policiales y judiciales como la imputación del expresident y de Marta Rovira en el sumario de Tsunami Democràtic, la apertura de juicio contra miembros de los CDR y la revuelta de los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el PP contra la amnistía.

PROTESTAS EN FERRAZ

A pesar de las negociaciones y el boicot judicial, son las protestas ultras en la calle Ferraz de Madrid las que acaparan todos los focos. Ayer centenares de manifestantes se concentraron frente a la sede del PSOE para protestar por la amnistía y presionar para evitar un nuevo Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar apoyado por las fuerzas independentistas.

Se trató de una nueva jornada de protestas después de que el martes se congregaran alrededor de 7.000 personas -según la Delegación del Gobierno- y provocaran incidentes con la Policía española, que previamente había custodiado a los manifestantes ultras mientras cortaban el tráfico en Gran Vía.

Después de los incidentes del martes, Sánchez acudió ayer a la sede de Ferraz para mostrar su apoyo a los trabajadores del PSOE de todas las sedes del partido, donde subrayó la necesidad de que salga adelante el pacto de investidura y haya un nuevo Ejecutivo liderado por su partido.

El PP, por su parte, se desvinculó de los actos violentos que tuvieron lugar en las protestas que el mismo partido alentó por boca de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reclamó detener a los ultras que se enfrentaron con la Policía. Unas declaraciones que pillaron con el pie cambiado a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que no tuvo más remedio que condenar los disturbios aunque optó por poner el foco en el PSOE, al denunciar que es Sánchez el responsable de una «aberración», la amnistía, que no tiene el «consentimiento» de los españoles.

Incluso Iñigo Urkullu hizo un llamamiento a «desconvocar la oleada de protestas que están sirviendo de excusa para seguir generando odio, rencor y violencia», una violencia que se debe «condenar sin medias tintas», según el lehendakari de la CAV.

Piden apartar a García Castellón

El editor Oriol Soler, investigado en la causa de Tsunami Democràtic, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón que se aparte del caso al considerar que ha perdido la imparcialidad para investigar el caso por sus palabras contra la amnistía en una conferencia celebrada en el marco del Foro la Región de Ourense, que tuvo lugar el pasado 5 de octubre.

«Yo únicamente, como ciudadano, puedo decir dos cosas. Uno: que (en) la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?», señaló el juez.

Para la defensa de Soler, se trata de «opiniones y puntos de vista personales» sobre la amnistía que «implican una toma de posición que compromete de manera irremediable la imparcialidad debida de todo magistrado».

Según la defensa, las palabras del juez, encargado de instruir otras causas en las que se han realizaddo macrooperaciones contra integrantes de grupos independentistas, «evidencian de manera clara» su «animadversión y rechazo» al movimiento independentista catalán. «Desnudando públicamente sus legítimas opiniones contrarias a la amnistía, ha condenado irremediablemente su imparcialidad», apostilla el escrito redactado por la defensa de Soler, que ejerce el abogado Benet Salellas.GARA