Panamá sigue semiparalizada por las protestas antiminería

Panamá cumple tres semanas de protestas antimineras que mantienen el país semiparalizado y que han dejado al menos cuatro muertos. Un contrato de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica ha provocado un estallido social.

Apostar por su riqueza natural o por la extracción de un mineral de alta demanda mundial en la transición energética como el cobre es la encrucijada a la que se enfrenta Panamá, que el viernes cumplió tres semanas de agitación social provocada por la concesión minera otorgada por el Gobierno a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

Toneladas de productos agrícolas dañados, filas de camiones y autos atascados en los bloqueos de las carreteras, éxodo de turistas, escuelas cerradas y marchas sin tregua. El país vive sus mayores protestas, con pérdidas millonarias, desde las de hace más de tres décadas contra el general Manuel Noriega.

La crisis, que ha causado ya al menos cuatro muertos -dos tiroteados en un bloqueo y dos más arrollados-, estalló el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó un contrato firmado por el Gobierno que permite explotar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en una zona selvática 12.955 hectáreas en la provincia de Colón y representa el 5% del PIB panameño.

El contrato sustituye el acuerdo de concesión firmado en 1997, declarado inconstitucional en 2017 porque se hizo sin licitación ni consulta social, pero defendido por el Gobierno como una de las mayores inversiones en la historia del país, de unos 10.000 millones de dólares, y que supondrá un aporte anual mínimo, según sus datos, de 375 millones de dólares en regalías y una fuente de empleo (8.000 directos y 40.000 indirectos).

El Ejecutivo y el Parlamento descartaron derogarlo y esperan la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ha admitido varias demandas de inconstitucionalidad.

El Gobierno pide la apertura de las carreteras, porque los bloqueos ha producido desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina en algunos puntos del país, y «el retorno de la paz social». Pero la petición ha sido desoída y se mantiene el pulso liderado por los sindicatos de docentes y de la construcción y organizaciones indígenas.

El país, dicen los manifestantes, habló: «Queremos un país sin minería. El oro de Panamá es verde», corean.

FQM dice estar «comprometida a operar de manera ambientalmente sensible», promete reforestar miles de hectáreas y la Cámara Minera lo defiende como «un proyecto de desarrollo sostenible».

Pero los ambientalistas alertan del impacto en las reservas hídricas y en los bosques en un área de alta biodiversidad. Frente al argumento de que el cobre es fundamental para la eficiencia energética, la seguridad y la mitigación del cambio climático, mantienen que la lucha contra el cambio climático no debe hacerse a costa del «sacrificio» de los recursos naturales de los países en desarrollo.