Cuando se retoma la necesidad de una reforma fiscal en Euskadi, en el marco de la aplicación de los impuestos a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, y en los días en que se hacía saber que el acuerdo de PSOE y Sumar estabiliza dichos impuestos, hemos conocido las declaraciones de Josu Jon Imaz y posteriormente las de Emiliano López Atxurra, ambos directivos de Repsol y Petronor, en las que amenazaban con dejar de invertir aquí si no se diseña una fiscalidad a su medida (como sí hizo no hace tanto la Diputación con Iberdrola).

Desde PNV y sus cargos la reacción no ha sido de rechazo al chantaje, sino de comprensión y rechazo al impuesto. Las amenazas de Petronor de momento se han concretado en la paralización anunciada por Atxurra de inversiones en torno al hidrógeno y los combustibles sintéticos, y crea un problema al modelo de transición energética de Euskadi. Conviene recordar que tenemos que importar más del 90% de la energía que consumimos y que dependemos aún en gran medida de combustibles fósiles. Pero también conviene recordar que las administraciones vascas han delegado nuestro modelo de transición energética al sector privado, y es precisamente un directivo de Petronor quien manda en el Corredor Vasco del Hidrógeno (En mi opinión esto debería darse desde una empresa energética pública). Uno de los puntos clave de dicho Corredor es el EIC (Energy Intelligence Center), centro en el que solo la Diputación Foral de Bizkaia viene presupuestando unos 37 millones de euros públicos. Quizás PNV no logre tumbar el impuesto a las energéticas, pero no debemos olvidar tampoco que pese a ser la mayor empresa de Euskadi, hay análisis que demuestran que mediante «premios fiscales» Petronor se libra de pagar impuestos.

Cuando esto pasa, y evidentemente Petronor quiere mantener financiación pública para acabar el Corredor Vasco del Hidrógeno, están normalizando que sus proyectos los tiene que pagar la mayoría social trabajadora, igual que cuando PP o PNV rechazan un impuesto a las grandes fortunas o lo aplican tan ridículamente que apenas afecta a nadie. Conviene recordar también que los ingresos de Josu Jon en 2022 fueron de unos 4,2 millones de euros, lo que equivale a 40,6 veces el salario del presidente Sánchez o 49,6 veces el de la vicepresidenta Díaz, pero sería también el equivalente al salario de 300 personas que cobran el SMI. En el caso de López Atxurra, su salario fue más modesto, 877.000 euros, que tan solo equivalen a casi 8,5 veces el salario de Pedro Sánchez o 10,36 el de Díaz o lo que considero más interesante: 22,5 veces el sueldo medio de una persona trabajadora de Petronor.

Con todo esto, creo que ni Repsol ni Petronor funcionarían precisamente sin financiación directa o indirecta de las administraciones públicas, pero si realmente no les gusta pagar impuestos y se plantean irse, que lo hagan. Que devuelvan toda ayuda recibida, paguen al salir (Exit Tax) y dejen sus infraestructuras al servicio del bien común.