Está siendo un comienzo de curso complicado en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El pasado 11 de octubre se desarrolló una jornada de huelga convocada por las cuatro principales fuerzas sindicales, cuyo nivel de participación rozó el paro absoluto. Hay que remontarse diecisiete años atrás para revivir la última huelga sectorial en este ámbito y más de treinta para la anterior, pero es que la situación no es para menos. Las razones son ampliamente conocidas en la propia universidad y empiezan a serlo en el conjunto de la sociedad: la interpretación restrictiva que está haciendo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) el actual equipo rectoral en el ámbito de las sustituciones está dejando con unos salarios máximos de 800 euros al colectivo de docentes e investigadores sustitutos. Este tipo de contratos recoge una carga docente muy próxima a la de un docente con jornada completa, pero sin recibir ningún pago por la investigación que en la práctica realizamos y que es imprescindible para desarrollar la carrera académica a la que la mayoría aspiramos. Esta situación está dejando perplejos a propios y ajenos y está haciendo aflorar una serie de problemas que, a menudo, vienen de lejos: sustitutos que rechazan contratos de miseria, haciendo que el personal estable tenga que asumir una sobrecarga docente o bien que, en muchos casos, el alumnado haya comenzado el curso sin profesorado. Es un secreto a voces que las decisiones tomadas por el actual equipo rectoral están teniendo un impacto directo en las condiciones laborales del profesorado y en la calidad de la enseñanza recibida por el alumnado.

Por si esto fuera poco, durante las últimas semanas hemos tenido que oír declaraciones por parte del rectorado minusvalorando la problemática surgida e incluso negando la existencia de un colectivo de sustitutos que desarrollan sus funciones en condiciones de auténtica precariedad. Más allá de la falta de empatía mostrada hacia la plantilla, sorprende el discurso desarrollado por los representantes rectorales haciendo entender que la decisión de aplicar a las sustituciones un tipo de contrato por el que ganarán como máximo los 800 euros antes mencionados, es fruto de la obligatoriedad de la propia ley. Causa asombro ese tipo de afirmaciones ya que la propia ley, en la parte final de su artículo 80.1.b, da la opción de remunerar esa investigación en tanto tenga «relación directa con la actividad docente». Todo docente que haya impartido clase en la universidad sabe que en la mayoría de los casos la docencia que damos en las aulas está relacionada con la investigación que desarrollamos; desde que empezamos a elaborar la tesis doctoral, hasta las publicaciones en revistas de impacto que se suelen desarrollar posteriormente. Esa es la diferencia que marca la educación superior: que el conocimiento adquirido a través de la investigación lo trasladamos al alumnado en las aulas. Esa es la clave de la excelencia de nuestro sistema educativo y lo que nos hace estar en lo más alto de los rankings universitarios a nivel mundial, tal y como se prodigan los responsables de la UPV/EHU.

La precarización de las condiciones laborales en la universidad no ha comenzado con la implantación restrictiva de la LOSU, pero esta ha supuesto un salto cualitativo en esta dinámica. Una interpretación similar ha debido de hacer el Consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, cuando recientemente ha hecho pública la solicitud cursada al Ministerio de Educación solicitando una moratoria en la aplicación de la LOSU en lo que a las sustituciones se refiere. Es más, el pasado día 18 de octubre se celebró una sesión en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco en la que se trató de manera monográfica el llamado Plan de Universidades 2023-26 donde, a iniciativa de los grupos EAJ-PNV y PSE-EE, se presentó una enmienda que fue aceptada por la misma. En ella «el Parlamento Vasco insta a trabajar una estrategia propia de contratación e investigación en los departamentos de la UPV/EHU, que garantice la capacidad de la universidad pública de atender a las sustituciones temporales sobrevenidas garantizando las oportunidades de contratación del personal sustituto, tanto de la labor docente como de la labor investigadora, y que esté implantada antes del 31 de diciembre de 2024». Más allá de la demora que supone retrasar más de un año la reversión de esta situación y la falta de mecanismos de control para garantizar que se cumpla, lo sustancial de esta afirmación es que deja en evidencia la intencionalidad restrictiva de la lectura hecha hasta ahora por el equipo rectoral. El Parlamento Vasco demanda «una estrategia propia» a la UPV/EHU que tenga en cuenta «tanto la labor docente como la investigadora». No parece razonable pensar que el Parlamento Vasco esté haciendo una llamada a la desobediencia civil o al «pase foral» al rectorado, con lo que queda en evidencia el carácter restrictivo y precarizador de la lectura que este ha hecho de la aplicación de la LOSU hasta el día de hoy. Y es que esta ley, con todas las limitaciones que pueda tener, da opción de revertir la situación relacionada con las sustituciones a jornada completa y la problemática derivada de ella. Evidentemente, esto no es suficiente para acabar con la extensión endémica de la precariedad en la universidad, pero sirve para evitar un problema que hasta hace unos meses no existía y que ha supuesto un salto cualitativo en la degradación de las condiciones laborales y de la calidad de la educación. Es por esto que demandamos que el rectorado y los sindicatos, estos últimos como legítimos representantes de los trabajadores, acuerden los mecanismos necesarios para verificar, si procede, que la investigación realizada por el colectivo de sustitutos está relacionada con la docencia impartida por los mismos y así cumplan con el mandato dado por el Parlamento Vasco. Es cuestión de voluntad, señora rectora.