El Supremo tumba el plan de Sunak para deportar migrantes a Rwanda

El Tribunal Supremo británico confirmó ayer la ilegalidad del plan del Gobierno de expulsar a Rwanda a los demandantes de asilo que lleguen de forma irregular, un duro golpe para el Rishi Sunak, que respondió que trabaja en un nuevo tratado con el país africano.

El Gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak, sufrió ayer un duro varapalo después de que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en Gran Bretaña, declaró ilegal su plan para llevar a Rwanda a migrantes en situación irregular.

De forma unánime, los cinco jueces de la Corte concluyeron que no es seguro llevar a Rwanda a solicitantes de asilo porque hay peligro de que sean devueltos a sus países de origen, de los que huyeron.

El fallo tiró por la borda el polémico proyecto con el que el Ejecutivo conservador pretendía reducir el número de embarcaciones que cruzan el canal de la Mancha y que había sido introducido por primera vez en abril de 2020 por el entonces primer ministro, Boris Johnson, con el fin de que los migrantes que cruzan el canal desde el Estado francés pudieran tramitar sus solicitudes de refugio en Rwanda.

Los altos magistrados, que alegaron razones legales y no políticas, dieron la razón al Tribunal de Apelación, que decidió que Rwanda no puede ser considerado como un tercer país seguro, ya que, como señaló ayer el presidente del Supremo, Robert Reed, «la expulsión de los demandantes a Ruanda los expondría a un riesgo real de malos tratos».

NUEVO TRATADO CON RWANDA

Tras conocer la decisión, Sunak indicó que su Gobierno prepara un «nuevo tratado» con Rwanda. «Si resulta evidente que nuestros marcos jurídicos nacionales o nuestros convenios internacionales siguen obstaculizándonos, estoy dispuesto a modificar nuestras leyes y reexaminar estas relaciones internacionales», añadió.

El primer ministro también dijo que presentará una «ley de emergencia» al Parlamento para designar a Rwanda como un país seguro y poner fin a los desafíos legales.

El nuevo ministro del Interior, James Cleverly, aclaró que el Ejecutivo trabaja para «proporcionar las certezas que exige la Justicia», todo ello de conformidad con el derecho internacional.

En conversación telefónica, Sunak y el presidente ruandés, Paul Kagame, «reiteraron su compromiso para hacer que esta asociación en materia de inmigración funcione y acordaron tomar las medidas necesarias para garantizar que esta política sea sólida y legal», según Downing Street.