Una campaña emprendida por varias asociaciones de Bizkaia ha puesto de relieve un problema que, aun pasando desapercibido para gran parte de la población, condiciona seriamente la vida de miles de personas: la imposibilidad de acceder al padrón. Es algo que afecta por diferentes motivos a un porcentaje nada desdeñable de quienes residen en nuestros pueblos y barrios, y acarrea automáticamente una pérdida de derechos básicos -laborales, sanitarios, educacionales, o de contar con permiso de residencia, entre otros- que condena a los afectados a una situación de precariedad vital. Y también de vulnerabilidad frente a aquellos que, sin escrúpulos, no dudan en hacer negocio de la necesidad, a veces extrema, que empuja a mucha de esa gente a agarrarse a cualquier clavo ardiendo.

El mercadeo del empadronamiento, una realidad sonrojante retratada hoy en estas páginas, además de mostrar la catadura moral de sus beneficiarios, desnuda también la desidia de la administración, que no solo no cumple con su obligación de garantizar la universalidad de los derechos elementales sino que permite su explotación económica por parte de desalmados. Y no se trata solo de una actitud reprobable, es también una práctica ilegal, a pesar de lo cual se está generalizando sin que nadie tome cartas en el asunto. Es tal la impunidad que se llega a hacer uso de las redes sociales para ofertar el acceso al padrón por un en absoluto módico precio.

No puede admitirse que el acceso a derechos humanos esté condicionado al paso por caja, menos aún cuando quienes tienen que hacerlo son los sectores más vulnerables de la sociedad. Es loable, en este sentido, que varios organismos sociales hayan adquirido el compromiso de poner de manifiesto esa situación, sin embargo, es la administración pública quien tiene la responsabilidad de revertirla. Desde los consistorios, garantizando el empadronamiento de todas aquellas personas que residen en sus respectivos municipios, y desde instancias superiores, castigando la explotación ilegal de su precariedad. La de nuestros vecinos y vecinas, que lo son de hecho y que deben serlo de derecho, con todos sus derechos.