Ayer murió un trabajador en Etxarri Aranatz al ser atrapado por una prensa mientras realizaba labores de mantenimiento. Anteayer otro trabajador falleció en Cintruénigo al caer del tejado de una nave, y otro más murió en Gasteiz por causas no traumáticas, posiblemente un infarto. Además, otro trabajador se encuentra herido de gravedad, también como consecuencia de una caída ocurrida la semana pasada en el frontón Labrit. El goteo de accidentes laborales no cesa y este año, según el recuento sindical, son ya 51 los muertos en su puesto de trabajo, esto es, algo más de un trabajador por semana.

Una ratio que debería preocupar, además de a los sindicatos, a la patronal y a las instituciones, sobre todo, porque las causas de esta tragedia recurrente son de sobra conocidas. Entre ellas destaca que no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales y las caídas desde alturas ocurridas estos días son un claro exponente. La seguridad atañe a los trabajadores, pero la responsabilidad de que los protocolos no se cumplan corresponde a la patronal; nada se hace en una empresa sin el consentimiento de sus jefes. De la misma forma, la Administración tiene la responsabilidad de vigilar que los puestos de trabajo reúnan las condiciones de seguridad adecuadas. El seguimiento exige dedicar recursos a la inspección. Desgraciadamente, la fiscalización suele encontrar incumplimientos que suelen dar lugar a expedientes que incomodan a los empresarios, algo que los responsables políticos tratan de evitar por todos los medios. En cualquier caso, hacer dejación de sus obligaciones no debería ser una opción para la Administración pública y en ese sentido la presión social resulta fundamental.

Evidentemente, la creciente precariedad de las condiciones de vida y de trabajo añaden estrés a los trabajadores y multiplican las posibilidades de que ocurra algún accidente laboral. En estas circunstancias cobra especial importancia que se cumplan estrictamente las normas de prevención de riesgos para evitar un desenlace fatal. Proteger la vida y la salud de los trabajadores debería ser una prioridad social.