Londres y Kigali firman otro tratado para trasladar migrantes a Rwanda

Gran Bretaña y Rwanda firmaron ayer un nuevo tratado en un intento de revivir la controvertida propuesta de Londres de expulsar a migrantes en situación irregular a este país de África, tres semanas después de que el Supremo rechazara un proyecto anterior.

Los Gobiernos de Gran Bretaña y Rwanda suscribieron ayer un nuevo tratado para trasladar al país africano a migrantes que entren en territorio británico de forma irregular, dentro del polémico plan de Londres para reducir la inmigración. Su objetivo es legalizar el programa del Ejecutivo de Rishi Sunak para enviar solicitantes de asilo a Rwanda, después de que el Tribunal Supremo británico lo considerase ilegal en noviembre.

El nuevo tratado, según el ministro británico de Interior, James Cleverly, aborda todas las preocupaciones planteadas por los jueces del Supremo.

El «nuevo plan de inmigración significará que recortaremos decisivamente la migración neta y crearemos un sistema que funcione», dijo.

«Hemos buscado esta asociación con Reino Unido porque creemos tener un papel que desempeñar en esta crisis de inmigración ilegal», aseguró el canciller de Rwanda, Vicent Biruta, en una comparecencia en la que Cleverly dijo sentir «una inmensa admiración por el Gobierno ruandés, que recibió muchas críticas».

El nuevo tratado «responderá a las preocupaciones de la Corte Suprema garantizando, en particular, que Rwanda no expulsará a otro país a las personas trasladadas en el marco de la asociación», había dicho antes el Ministerio británico de Interior, en respuesta a una de las principales preocupaciones de los magistrados.

Es «jurídicamente vinculante» y ofrece garantías de que los migrantes expulsados a Rwanda «no puedan ser expulsados a otro país en el que sus vidas o su libertad estén amenazadas», según Interior.

Añadió que incluye la creación de «un tribunal conjunto con jueces ruandeses y británicos en Kigali para garantizar la seguridad de los migrantes y que ninguno sea expulsado a su país», y que «escuchará las quejas de los migrantes».

El Supremo británico dictaminó que, a la luz de las evidencias, existe el riesgo de que los demandantes de asilo enviados a Rwanda puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen.

El fallo supuso un duro varapalo para la política migratoria del Gobierno tory, puesto que el plan de Rwanda -iniciado en abril de 2020 con Boris Jonson- era central para atajar el aumento de la llegada de embarcaciones que cruzan el canal de la Mancha.

El programa tenía el apoyo de Kigali, que reiteró que seguía «comprometido» con su polémico pacto con Londres.

Desde su llegada al poder en 2000, el presidente de Rwanda, Paul Kagame, ha conseguido el reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción del país tras el genocidio de 1994. Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han denunciado muchas veces detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes a manos del Gobierno.