Es conocida la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, esa que favorece la proliferación de armas. Más conocidos son sus perniciosos efectos. Sirva para llamar la atención sobre ese Decreto que dejará en herencia el gobierno Urkullu para obligar a todos los responsables municipales a dotar con armas a sus Policías Locales.

Primera puntualización: armas… de fuego. «¡No van a ir armados con tirachinas!», me espetó el director de Coordinación de Policías Locales, Aitor Lete, en la Comisión de Seguridad cuando les convocamos para que nos explicasen en qué andaban. Más allá del intento de ridiculizar el debate, no es correcto identificar «armamento» con «armas de fuego». Existen medios menos letales que el Departamento de Seguridad ni siquiera contempla como opción. Porque la cosa no va de evaluar alternativas, sino de imponer unos equipos que se demuestran ineficaces, no valen para todos los escenarios, son peligrosos y distancian a quien lo porta de la ciudadanía a la que tienen que prestar sus servicios. Veamos:

Uno. Ineficacia. La orden de armar a toda la Policía municipal no responde a un análisis objetivo, práctico. Responde a una intuición: hay que portar pistola por si se da el eventual caso de que su empleo sea necesario. Una hipótesis que, llevándola al extremo, conduciría a que todos los policías vayan armados 24 horas 365 días. No es especulación: ciertos sindicatos corporativos ya lo han solicitado, ante una alarma antiterrorista. ¿Llevarte el arma a casa, cómo hubiese evitado el 11S o el 11M? Intuitivamente, se salvarían muchas más vidas si los médicos portaran siempre un equipo de desfibrilación o los bomberos se llevaran la motobomba a casa… pero nadie lo propone.

Peor aún. Nadie se plantea estudiar objetivamente dicha eficacia. En países nórdicos publican la estadística anual de cuantas veces se ha empleado armas de fuego. Cuantos tiros han dado, como indicador de peligrosidad de la criminalidad y análisis de la eficiencia policial. Por cierto que allí se cuentan con los dedos de la mano. Pero aquí, ni siquiera existen registros de empleo de armas, de uso de munición, no sabemos en qué operativos o circunstancias, cuántas veces, con qué resultado, su evaluación de congruencia y proporcionalidad... y aunque EHBildu ha exigido que se creen esos registros y estudios de eficacia, en el Departamento no los quieren hacer. ¿Porque? Pues porque un análisis objetivo igual choca con su percepción.

Dos. Se van a imponer pistolas en todos los pueblos, con el objetivo (artículo 1 del Decreto) de «homogeneizar» los servicios de policía. Es irrelevante el tamaño del municipio, la tasa de criminalidad, sus circunstancias y características… homogéneos nuestros pueblos que, si algo les caracteriza, es su diversidad, asimetrías y contextos cambiantes. Circunstancias ante las cuales el alcalde debe tomar decisiones. Pero este decreto se las hurta, triturando el principio de autonomía local. La decisión de generalizar las pistolas la han adoptado unos pocos Udaltzain-buru de los municipios más poblados, imponiéndola a todos los demás, más pequeños, con tasas criminales bajísimas, con una gestión más amplia y holística de la seguridad, con comunidades implicadas en su gestión con agentes locales que prestan servicio desde la cercanía, desde un sentir comunitario, con técnicas como la mediación y la cooperación para resolver problemas.

Tres. Son peligrosas. Más armas no reducen la posibilidad de incidentes letales, sino que los alimenta. Son habituales noticias con accidentes entre los propios policías y con los ciudadanos, en algunos casos con víctimas mortales. Periódicamente saltan incidentes por empleo inadecuado de pistolas o en clara infracción de protocolos. La proliferación de armas, sean oficiales o particulares, es el origen de un caso actual en el que un peligroso delincuente por violencia de género robó el arma a un ertzaina que falló en su deber de custodia (infracción por cierto sancionada por la Ley de Mordaza). No se puede alimentar más esa espiral de expansión de pistolas y su descontrol.

Cuatro. Se ordena portar pistola a todos los udaltzaingoak por obligación y en todos los servicios. El Departamento otorga a la persona que ostenta la alcaldía unos márgenes ínfimos de decisión: el funcionario bajo su tutela política podrá dejar de usarla en labores de oficina, en asistencia a charlas, en actos protocolarios… ¿esa es su capacidad de dirigir su propia policía, deber y obligación legal? Por poner un ejemplo, no podrá evitar que su udaltzaina tenga que regular el tráfico ante la escuela con su pistola reglamentaria… Ya se sabe, tal vez surja la oportunidad para emplearla.

Todo lo anteriormente dicho en el pueblo vasco, el de la insumisión y del rechazo a ejércitos, guerras y armamentos. Y, no sobra apuntarlo, en un momento en que nadie sabe el porqué de miles de efectivos de unas FSE ajenas a este pueblo. Y una Ertzaintza protagonizando un espectáculo bochornoso de amenazas y chantajes a un gobierno al que le disputa su control político.

Podríamos alegar que Arkaute no va a ser capaz de proporcionar formación ni reciclaje a 11.500 agentes armados, entre ertzainas y udaltzainas. Podríamos impugnar que han fusilado el Decreto de otro de las Islas Canarias (¿circunstancias intercambiables?) con incongruencias que obligarán a modificar el contenido antes de su entrada en vigor. Pero acabemos resaltando las resistencias que va a generar la imposición de este Decreto en el responsable político municipal (alcalde-alcaldesa), en la parte policial obligada a portar un arma que en muchos casos no desea y en la ciudadanía que va a percibir una mutación extravagante en su policía. Pistolas al cinto que por supuesto, no coadyuvan a la proximidad, cercanía, confianza, sino todo lo contrario.

Como nos decían oficiales escoceses, la autoridad de un agente no reside en la pistola u otros pertrechos. Su arma más poderosa y persuasiva es la palabra. Es por eso que allí tan solo van armados un 5% de sus miembros, encuadrados en unidades de intervención rápida especialmente formadas y bajo estrictos mecanismos de control y rendición de cuentas.

Otro modelo de seguridad es necesario, alejado de esa mentalidad de National Rifle Association. Una alternativa es posible, factible… otra cosa es que los actuales gestores no sean capaces de implementarla.