El 55% de la población de la CAV vive en zonas residenciales tensionadas

El diagnóstico realizado por el Observatorio de la Vivienda identifica 41 municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa -de un total de 251- con distritos susceptibles de ser declarados zonas residenciales tensionadas y poder contener los precios de los alquileres. El competente es el Ejecutivo de Lakua tras la petición que efectúen los ayuntamientos.

El mapa de zonas de mercado residencial tensionado, elaborado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, concluye que 41 de los 251 municipios de la CAV son susceptibles de ser declarados como tal con el objetivo de contener los precios de los alquileres. Son 20 localidades de Gipuzkoa, 19 de Bizkaia y 2 de Araba, donde habita el 55% de la población del conjunto de los tres herrialdes.

Esta declaración supone para las personas arrendatarias a quienes se les acaba el contrato la posibilidad de prórroga extraordinaria anual tras finalizar el contrato en los mismos términos y condiciones que el contrato en vigor, así como prórrogas anuales, con un máximo de tres.

Para nuevas personas arrendatarias, se limita el precio del alquiler a la renta del contrato anterior, aplicada una cláusula de actualización anual, permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en los supuestos establecidos por ley. Para personas arrendatarias de una vivienda que no hubiese estado alquilada en los últimos cinco años, permite que el precio no podrá exceder el límite máximo aplicable del sistema de índices de precios de referencia, que aún no se ha publicado.

Para grandes tenedores, si la memoria lo justifica, pueden pasar de ser quienes poseen diez viviendas a cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en la misma zona declarada como tensionada. Si la vivienda es de un gran tenedor, el precio no podrá exceder el límite máximo aplicable del sistema de índices de precios de referencia.

A pesar de los recursos que penden sobre la ley estatal 12/2023, uno de ellos promovido por sus socios del PNV, el departamento que dirige el PSE, a través del Observatorio de Vivienda, ha elaborado un estudio para identificar las áreas tensionadas. Es el documento base a partir del que los ayuntamientos pueden formalizar la petición.

Los consistorios incluidos, según informó ayer el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, ya cuentan con la comunicación en la que se detallan los pasos a dar para solicitar la incoación del expediente.

NO IMPONE, SINO QUE HABILITA

«La norma no impone, sino que habilita y, por tanto, la declaración de zona tensionada no es una obligación sino una posibilidad que se abre a los municipios que quieran utilizarla, un mecanismo excepcional y acotado en el tiempo que requiere de una petición formal por parte del Ayuntamiento», explicó Jáuregui.

La declaración se realizará por parte de Lakua a petición municipal, en caso de que los consistorios así lo decidan. Para ello será necesario entregar una memoria justificativa con datos objetivos y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de insuficiente oferta de vivienda y que debe incluir indicadores de precios en alquiler y venta y su evolución e indicadores de renta disponible en los hogares y su evolución, entre otros.

Igualmente, ha de presentarse un plan de acción a tres años para, tras un proceso de información pública, revertir las insuficiencias detectadas. Además, se buscará la corrección de los desequilibrios por medio de la colaboración entre administraciones y el sector privado para estimular una oferta asequible, ayudas específicas o medidas de financiación para la contención o reducción de los precios, e incentivos fiscales.

La declaración se realiza en base a criterios «objetivos», a través de un mecanismo «excepcional y acotado en el tiempo», subrayó el viceconsejero, y deben cumplirse los dos criterios fijados por la ley, aunque es suficiente con encajar en uno de ellos.

GIPUZKOA, EN CABEZA

Son 41 municipios de la CAV, de los que 24 lo son en su totalidad. Llama la atención que ninguna de las capitales lo es en su conjunto, sí algunos de sus distritos. Gipuzkoa es el territorio con más localidades reconocidas, 20 de las que 15 lo son en su totalidad a partir del criterio de incremento del precio del alquiler.

En el listado aparecen pueblos costeros con un elevado peso de la segunda residencia y el turismo, así como Donostia y municipios de su área metropolitana que se ven afectados por el elevado precio de la vivienda en la capital. Son 409.364 habitantes de los 719.875 que residen en el herrialde, el 57% de la población.

También ser encuentran algunos pueblos del interior, del Goierri y de la cuenca del Urola. Los municipios guipuzcoanos que aspiran a ser declarados tensionados si sus ayuntamientos lo demandan son Andoain, Astigarraga, Beasain, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Lezo, Ordizia, Pasaia, Urnieta, Usurbil, Zestoa y Zumaia. En el caso de Arrasate, Azkoitia, Donostia (quedan fuera Aiete, Amara Berri, Centro, Martutene y Zorroaga, y los barios completos de Antiguo, Añorga, Ibaeta, Igeldo y Zubieta), Tolosa y Zarautz lo son algunos de sus distritos donde los precios se han disparado.

Por detrás queda Bizkaia con el 54%, con 19 municipios, de los que 8 lo son en su totalidad, con 615.068 habitantes de los 1.140.019 del territorio.

Se trata de Barakaldo, Basauri, Berango, Etxebarri, Santurtzi, Sestao, Sondika y Urduliz. Parcialmente lo son Abanto, Arrigorriaga, Balmaseda, Bermeo, Bilbo (quedan fuera Abando e Indautxu, los de mayor renta per capita y con precios más elevados), Erandio, Galdakao, Gernika-Lumo, Leioa, Ortuella y Portugalete.

El 54% de la población de Araba también reside en zonas susceptibles de ser declaradas tensionadas, son 179.083 habitantes de los 332.851 censados. El único municipio tensionado al completo es Alegria-Dulantzi, al haber crecido los precios de los arrendamientos un 17% desde 2017 a 2022.

En Gasteiz, las áreas tensionadas se concentran en prácticamente todos los distritos, quedando excluidas zonas rurales del este, noreste y sureste.