Ibarrola niega parálisis, pero frena la actividad municipal pese al coste

La alcaldesa Cristina Ibarrola mantuvo ayer su tono bronco y negó que el Ayuntamiento de Iruñea esté paralizado, pero la oposición denunció que está frenando la actividad municipal y que la suspensión del último pleno puede suponer la pérdida de 250.000 euros.

La todavía alcaldesa de Iruñea, Cristina Ibarrola, aprovechó la comparecencia posterior a la Junta de Gobierno para negar que exista una parálisis en el Consistorio. Para apoyar esta afirmación, sacó a colación los proyectos que tenía en marcha el actual equipo de Gobierno, entre los que destacó la aprobación ayer mismo de la adjudicación de las obras del bidegorri de la cuesta de Beloso.

Ibarrola abrió su intervención con este último tema y lo hizo cargando contra la oposición, indicando que ha sido un proyecto señalado por los grupos que apoyan la «indecente» moción de censura y en el que, según indicó, han contado con el apoyo del Gobierno de Nafarroa para ponerle «trampas» y llevarle a «un callejón sin salida» ante la tala de 400 árboles o perder cuatro millones de fondos europeos.

Desgranó una serie de proyectos que tenía sobre la mesa y que ahora quedan a criterio de los nuevos gobernantes sacar adelante. Sobre esa posibilidad, no se mostró optimista, ya que «no les interesa mejorar Pamplona, lo único que les interesa es el euskera y la memoria histórica», para a continuación volver a insistir en que «no hemos dejado de trabajar en estos seis meses, para que hablen de parálisis mintiendo sin sonrojarse».

PÉRDIDA DE 250.000 EUROS

Llegó a culpar de la suspensión del pleno previsto para la semana pasada a la oposición, en el que se iban a aprobar las ordenanzas fiscales de la ciudad para 2024. No haber celebrado ese pleno y frenar esa aprobación «puede significar la pérdida directa de casi un cuarto de millón de euros para las arcas públicas», según denunciaron conjuntamente EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Los cuatro grupos tildaron lo sucedido de «irresponsable» y pidieron al actual equipo de gobierno que «cumpla con sus obligaciones» para no seguir provocando «afecciones negativas a la ciudadanía». Por ese motivo, emplazaron al equipo de Ibarrola a que «con la mayor brevedad posible» convoque un pleno extraordinario en el que se puedan aprobar esas normas fiscales. Pero la primera edil se escuda en el inminente cambio en la Alcaldía para desentenderse.

A juicio de esos grupos, «UPN ha ordenado paralizar toda la actividad institucional» del Consistorio, incluyendo el pleno y «las comisiones de Presidencia, Asuntos Ciudadanos y Urbanismo».