Por 348 votos contra 186, la Asamblea francesa aprobó la nueva legislación sobre migración que se traducirá en una limitación de derechos básicos a personas extranjeras y abrió una crisis política en la mayoría gubernamental tras el apoyo de la ultraderecha al texto.

El Senado había aprobado el proyecto por 214 votos a favor y 114 en contra antes de enviarlo a la Cámara Baja.

El proceso agitó el Elíseo, donde, en una reunión de urgencia, el presidente, Emmanuel Macron, advirtió de que la ley no debía adoptarse con los votos de Rassemblement National (RN), de Marie Le Pen. Si la ultraderecha lo apoyaba, planteó una segunda deliberación parlamentaria, gracias al mecanismo del artículo 10 de la Constitución.

Reaccionaba así al peligro sin precedentes para la mayoría macronista. Tres miembros del Gobierno, Aurélien Rousseau (Salud), Sylvie Retailleau (Educación superior) y Patrice Vergriete (Vivienda), pusieron su dimisión sobre la mesa en un encuentro con la primera ministra, Élisabeth Borne.

Se reunieron, además, con otros miembros del Gobierno también contrarios al texto.

Finalmente, aunque RN votó a favor, el ministro del Interior se felicitó por haber aprobado una ley dura sin que sus vutos hubieran sido necesarios, a pesar de que varios diputados habían amagado con votar en contra si la ultraderecha lo apoyaba.

La Comisión misión Mixta (CMP) dintegrada por siete diputados y otros tantos senadores, había alcanzado un acuerdo para aprobar la ley tras dos días de trabajos.

En la primera jornada, Borne ya hizo una primera gran concesión al anunciar que ordenaría a los ministerios afectados que prepararan en 2024 una reforma de la Asistencia Médica Estatal (AME), en la línea de privar de asistencia sanitaria básica a las personas «sin papeles».

Ayer dio un paso más, que a la postre se demostró decisivo de cara a despejar un acuerdo con la derecha de Les Républicains (LR) que, sin confesarlo, asume el principio de que los ciudadanos con nacionalidad francesa dispongan de más derechos que los llegados del extranjero y, más en concreto, de fuera de la Unión Europea.

Borne sometió, de hecho, al escrutinio del grupo parlamentario de Rénaissance un principio de compromiso sobre las ayudas a la vivienda o APL que comulga con la idea de «prioridad a los franceses» que acuña la ultraderecha.

De hecho, la líder de RN, Marie Le Pen, entró exultante a la Cámara Baja repartiendo sonrisas entre la pléyade de periodistas que cubría una jornada decisiva para la llamada Ley Darmanin sobre migración. Y fue la que, incluso antes de hacerse oficial, anunció que había acuerdo en la CMP, por si había alguna duda de quién rentabilizará un acuerdo que, desde la izquierda, el PS ha tildado ya de «naufragio moral».

Borne defendió ante sus parlamentarios la idea de condicionar el acceso a las ayudas para pagar el alquiler a la presencia durante cinco años en el Estado francés en el caso de que no dispongan de un empleo -sería más correcto hablar de empleo con contrato ya que decenas de miles de extranjeros trabajan en el Estado francés «sin papeles»- y a tres meses para aquellos que trabajan -de forma regularizada-.

Pese a ello, dio garantías a los diputados de «no abandonar los valores fundacionales» del proyecto que llevó a Emmanuel Macron al Elíseo.

En el Estado francés hay 5,1 millones de personas de origen extranjero que viven en situación legal, lo que equivale al 7,6% de la población. A ello hay que añadir medio millón de refugiados. Las autoridades calculan que hay entre 600.000 y 700.000 de inmigrantes «sin papeles».

La dilatación en la concesión de ayudas sociales no afectaría, de hacer caso al diputado del Rénaissance, Ludovic Mendes, a los estudiantes, los refugiados y los extranjeros que se benefician de una protección subsidiaria.

Con todo, la cuestión de la «preferencia para los nacionales» que, se diga o no, destila ese principio de compromiso, ha causado profundo malestar en la llamada ala izquierdista del macronismo, mientras la ultraderecha, por el contrario, saborea la miel en los labios.

Para sacar adelante el texto, Borne ha hecho otras concesiones de calado, como el aumento en ritmo y plazas en la construcción de centros de retención de migrantes, las cuotas reforzadas de expulsión o la reintroducción del «delito de estancia irregular en territorio francés».