¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad?

Las últimas semanas o, incluso, meses, la referencia al concepto de seguridad en Donostia acapara titulares, debates en el pleno municipal, comentarios en redes sociales y conversaciones en bares o comercios. Muchas veces, este concepto aparece desdibujado, coqueteando peligrosamente con actitudes xenófobas y estigmatizadoras hacia aquellas personas que, precisamente, tienen más carencia de seguridad. Seguridad entendida como concepto que abarca parámetros de bienestar físico y emocional básicos para poder ser parte de una sociedad con las garantías, derechos y obligaciones mínimas que ello implica.

Y es que flaco favor hacen aquellos discursos populistas y de derechas al bienestar de cualquier ciudadano o ciudadana, alentando un debate viciado de la seguridad visto solo desde un modelo punitivo, basado en el control policial, la denuncia y la criminalización de personas concretas o, incluso, pidiendo la ilegalización de movimientos del ámbito social como el reparto de cenas solidarias en nuestros barrios; obviando que el concepto de seguridad vital y psicológica es algo mucho más profundo y que requiere más inversión sociosanitaria y menos castigo.

Entendiendo la complejidad de las situaciones vividas en algunos barrios y zonas de la ciudad y el malestar que eso produce en la ciudadanía, la nuestra es una propuesta que entiende la seguridad como una garantía de acceso a derechos básicos como son la sanidad, la vivienda, la alimentación, la educación, los cuidados, la convivencia en espacios de no violencia desde la perspectiva de género, etc., que hagan viable que cada uno de nosotros y nosotras podamos vivir y convivir en una Donostia que ofrezca unas mínimas bases de desarrollo vital a todos sus habitantes. Esto supone un reto que debemos abordar con responsabilidad, valentía y apertura de miras.

Es cierto que a día de hoy existe un malestar en parte de la ciudadanía donostiarra, empezando por las y los que no sienten garantizado su derecho a pasear con tranquilidad por ciertas zonas de la ciudad y continuando, también, con personas en situaciones muy precarias que no entienden por qué se encuentran cada noche los albergues llenos en una sociedad en la que se supone que el acceso a un techo es un derecho.

Y es que de 2016 a 2022 la cifra de personas sin hogar en Donostia, en su mayoría jóvenes, ha crecido un 81%, incumpliendo la estrategia vasca para personas sin hogar, anunciada a bombo y platillo en su día por el Gobierno Vasco junto a los ayuntamientos firmantes, como el de Donostia, y dejando sin desarrollar los numerosos programas que se preveían en ella. A su vez, en una ciudad señalada por batir los récords del precio de la vivienda de alquiler, tal y como alertaba un reportaje de Asier Robles hace unos días, crece el negocio ilegal del cobro por empadronar a personas en domicilios donostiarras en los que no se les permite habitar por nada menos que 250 euros al mes, aprovechándose de la desesperación de ciudadanos y ciudadanas que no tienen cómo acceder a servicios básicos como la sanidad (tanto la física como la relacionada con la salud mental) o la educación sin el padrón.

Tampoco se puede caer en la falsa afirmación de no trabaja quien no quiere, cuando las relaciones laborales de una gran parte de la población están atrapadas en una Ley de Extranjería que la condena a estar 3 años sin permiso de trabajo en un limbo. Y esta sí es una afirmación real y objetiva que la mayoría de la población desconoce y que los discursos xenófobos interesadamente obvian.

Hace unos días leía un artículo de Karlos Ordoñez Ferrer, de SOS Racismo Gipuzkoa, que decía lo siguiente: «cualquiera de nosotros, en esas circunstancias, con esa edad, durmiendo en la calle, sin derechos, lejos de nuestra familia, ¿qué haríamos? Unos dirán ‘volver a mi país’, otros ‘estudiar y trabajar’. Lo primero es un imposible legal en muchos casos y una violación de los Derechos Humanos en todos los casos. Lo segundo es exactamente lo que estos jóvenes quieren hacer. Pero la lista de requisitos que han de cumplir es tan agotadora que no pocos se quedan en el camino». Y denunciaba las dificultades a las que se enfrentan las entidades sociales y sus profesionales, muchas veces impotentes ante la escasez de recursos y la imposibilidad de ofrecer una salida digna y con la angustia de ser testigos de deterioros vitales irreversibles.

No obstante, y sin caer en catastrofismos, a día de hoy la inseguridad psicológica y vital es una realidad que nos afecta a todos y todas como consecuencia de decisiones políticas y modelos de gestión que dicen estar centrados en las personas, pero que, en la práctica, no podrían estar más alejados de sus necesidades. Vivimos en una sociedad polarizada donde las desigualdades sociales estructurales son cada vez más evidentes y profundas.

Frente a esto, es imprescindible hacer políticas activas a favor de la justicia social y la redistribución de la riqueza, no como eslogan de programas electorales, sino con medidas palpables que ya se están poniendo en marcha en numerosos municipios gracias a la voluntad política y el trabajo en red. A modo de propuesta, una forma práctica y rápida para iniciar este camino pasa por crear mesas de diálogo y gestión de conflictos en cada barrio lideradas por el Ayuntamiento, que estén compuestas por agentes de barrio, vecinos y vecinas, profesionales municipales, asociaciones del ámbito social, Guardia Municipal... para abordar de forma compartida situaciones problemáticas o de crisis y para, de esta forma, superar los problemas o situaciones de convivencia que se puedan dar.

Caer en el discurso de la criminalización del que peor situación tiene y evitar analizar las verdaderas causas de las inseguridades actuales es el camino seguro hacia la no resolución de los problemas que afectan a todos y todas. No perdamos esa característica social cohesionada de bienestar comunitario que ha tenido nuestra ciudad y su ciudadanía.