EDITORIALA

Evidencias de un sistema tóxico en forma de pelets

A la espera de la confirmación oficial, todo indica que parte de las 26 toneladas de microplásticos vertidos en la costa portuguesa por el buque Toconao ha llegado a la costa vasca. Las consecuencias son inciertas en estos momentos, empezando por la toxicidad extra del material. Las aseveraciones de la Xunta, en manos de un PP en modo electoral, no resultan para nada convincentes. Es difícil no acordarse de aquellos «hilillos de plastilina» del Prestige, aunque la gravedad no parezca, al menos por el momento, equiparable. Siempre que se prevean los recursos para los diferentes escenarios, la prudencia mostrada hasta ahora por las autoridades vascas resulta más pertinente ante la incertidumbre del momento.

A la espera de los resultados de los análisis y del incierto desarrollo de los acontecimientos, se impone una reflexión en dos direcciones. Porque aunque siempre hay margen para la fatalidad, lo cierto es que los boletos comprados en esta macabra lotería eran muchos. En primer lugar, el rastreo de las responsabilidades que se esconden tras el buque Toconao ofrece una radiografía del desgobierno, la opacidad y la falta de control del transporte marítimo a gran escala. El portacontenedores navega con bandera de Liberia, lo que le permite evitar controles, es propiedad de una empresa radicada en el paraíso fiscal de las Bermudas, y es operado por otra sociedad con sede en Chipre, país con importantes ventajas fiscales.

Una segunda reflexión, más genérica pero igualmente importante, debería abordar el uso abusivo e indiscriminado de derivados del petróleo. Decir que nuestra sociedad está hecha de plástico es algo más que una metáfora. Es una realidad material que genera graves afecciones de salud a los humanos y evidentes problemas medioambientales. Solo externalizando estos costes para la salud y el planeta puede seguir sosteniéndose que el plástico es más barato que sus competidores. Más allá de la concienciación individual, siempre importante, cambiar esto exige políticas públicas que dejen de trampear la contabilidad económica basada en el PIB e incluyan los costes reales de productos como el petróleo y sus derivados.