El Gobierno español acordó con los sindicatos CCOO y UGT subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024 un 5%, con lo que los trabajadores que lo tengan de referencia pasarán de cobrar 1.080 a percibir 1.134 euros mensuales en catorce pagas. El acuerdo coincidió con la publicación del IPC de 2023, que subió alrededor de un 3% en Hego Euskal Herria. Aunque el ritmo de crecimiento de los precios se ralentiza, conviene no perder de vista que este 3% se aplica sobre el 6% que subieron en 2022, de modo que el efecto acumulativo de la inflación sigue siendo grande.

La patronal se descolgó del acuerdo alegando «arbitrariedad», un argumento incomprensible toda vez que se trata de una decisión política. En cualquier caso, una subida por encima de la inflación está justificada por varias razones. En primer lugar, puede parecer que las trabajadoras y trabajadores han ganado poder adquisitivo al subir el SMI por encima del IPC. Sin embargo, quizás la ganancia no sea tal. El IPC se calcula sobre una cesta de compra estándar, que no coincide necesariamente con los gastos de las personas con menores salarios, que son las que cobran el salario mínimo. En general, estas gastan una parte proporcional mayor del sueldo en alimentación, cuyos precios han subido el doble que el índice general. Es posible que el aumento del salario mínimo por encima del IPC general solo sirva para compensar el mayor impacto que ha tenido la inflación en las familias con menos recursos. Además, el salario mínimo lo cobran proporcionalmente más mujeres y jóvenes que hombres, y especialmente empleadas del hogar, con lo que la subida del SMI tendrá un notable impacto en la reducción de la brecha de género y también contribuirá a mitigar la pobreza salarial.

Ese impacto asimétrico de las subidas también tiene un componente territorial. El coste de la vida es más alto en Euskal Herria que en el Estado español. Por ello, el incremento acordado está lejos de ser suficiente para que trabajadores y trabajadoras vascas lleven una vida digna, tal y como denunciaron ELA y LAB. Alcanzar mayores cotas de soberanía se ha convertido en una necesidad inaplazable.