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GOLPISMO JUDICIAL EN GUATEMALA

Guatemala se encamina hacia la nueva «Primavera» con Bernardo Arévalo

Guatemala respira cambio, aunque las horas se hacen largas hasta el 14 de enero cuando Bernardo Arévalo asuma la Presidencia. Todo está listo para la investidura, pero hay incertidumbre sobre si a última hora el statu quo maniobrará para impedir la nueva «Primavera» prometida por el socialdemócrata Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla.

(Johan ORDOÑEZ | AFP)

La última acción a la desesperada de la Fiscalía ha sido capturar al exministro de Gobernación Napoleón Barrientos, quien en los últimos meses se negó a reprimir con violencia las manifestaciones y bloqueos en el país en defensa de la democracia. Barrientos es la última pieza que cayó del inminente extinto Gobierno de Alejandro Giammattei. Los mismos policías que estuvieron bajo sus órdenes acudieron a su domicilio para llevárselo detenido, acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. La Fiscalía de Delitos Administrativos le reprocha que no cumplió una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se garantizara el derecho a la libertad de locomoción y al trabajo. El máximo órgano judicial pretendía que se liberasen las calles de manifestantes y, al no ejecutar acciones represoras, el Ministerio Público (MP) acusa a Barrientos de «omitir actos propios de su función para el mantenimiento de la paz y el orden público».

En octubre del pasado año, Barrientos presentó su dimisión, después de que la fiscal general, Consuelo Porras, pidiera a la Corte de Constitucionalidad su destitución por «desobedecer» la orden de desalojar por la fuerza los bloqueos que habían llegado incluso frente a la sede de la Fiscalía en Ciudad de Guatemala. La población indígena ha liderado las movilizaciones masivas en el país como una medida de presión para que se respete lo decidido en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto, con la victoria del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Las marchas y bloqueos surgieron a raíz de la persecución judicial contra Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla, encabezada por Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez séptimo Fredy Orellana. El presidente electo ha llegado a tachar sus acciones como un «intento de golpe de Estado» al ilegalizar la formación que ganó los comicios y tratar de impedir que él asuma el poder. La desesperación de la Fiscalía llegó a tal punto que incluso pidió anular las elecciones, mientras que Giammattei hizo oídos sordos ante esta solicitud y ante todos los intentos por socavar la democracia en Guatemala.

APOYO CIUDADANO CONTRA LOS «GOLPISTAS»

Sin embargo, Arévalo no ha estado solo en el largo periplo hasta su toma de posesión de este domingo. Miles de personas han salido a las calles en apoyo de la democracia y en contra de los «golpistas» e incluso durante varios días, bloquearon las principales carreteras del país y la capital tras convocar un «Paro Nacional». Lejos de amedrentarse, el Ministerio Público continuó su ofensiva encarcelando a afiliados de Semilla y pidiendo la retirada de la inmunidad de Arévalo para investigarlo por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero. Un calvario judicial que comenzó tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones. El mismo día que se oficializaron los resultados, el juez séptimo, Fredy Orellana, ordenó el 12 de julio, a petición de la Fiscalía, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiera la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Todo ello a raíz de una investigación en la que supuestamente, el partido de izquierdas, que irrumpió sorpresivamente en los comicios, se constituyó a través de firmas falsas y rúbricas de personas fallecidas.

Toda una estrategia urdida por la vieja política para impedir que gobierne Arévalo, quien promete «limpiar el país del pantano de la corrupción», lo que amenaza los intereses del «statu quo». Mientras la Fiscalía hizo mil intentos para impedir que Arévalo asuma el poder, el TSE y la Corte de Constitucionalidad actuaron de parapeto salvaguardando la democracia. Así, el TSE se negó a ilegalizar el partido hasta que finalizara el periodo electoral, lo que permitió que Semilla y su candidato pudieran participar y vencer a su rival, la derechista Sandra Torres. La CC también actuó de contrapeso al otorgar amparo a Semilla garantizando que no se podía cancelar jurídicamente esta fuerza política, permitiendo su participación en los comicios.

Sin embargo, siguió la ofensiva judicial y a los pocos días de finalizar el proceso electoral y oficializarse los resultados de la segunda vuelta, el TSE acató en noviembre la orden del juez Orellana dejando sin partido a Arévalo. A escasos días de que tome posesión de su cargo, la CC otorgó amparo a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para que se respete su inmunidad ante el riesgo de una posible captura en su contra por el caso de la toma de la Universidad pública en la que participó y por la que está acusada de varios delitos. Mientras, la Fiscalía giró este jueves órdenes de captura contra cuatro magistrados del TSE por un supuesto fraude en la compra del sistema electrónico de transmisión de los resultados electorales. Un suma y sigue que podría empezar a tener su final a partir de este domingo, siempre y cuando la fiscal general acepte la petición del nuevo mandatario y renuncie a su cargo.