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Repulsa masiva en Baiona a la ley migratoria aprobada por la Asamblea Nacional francesa

Un mes después de recibir el visto bueno de la Asamblea Nacional francesa, no sin provocar una sacudida en la mayoría de Gobierno, y a la espera de la decisión del Consejo Constitucional, una nutrida movilización denunció ayer en Baiona la nueva ley de migración.

Cabecera de la manifestación que recorrió Baiona contra la nueva ley de migración. (Patxi BELTZAIZ)

Convocadas por una veintena de agentes sociales, partidos y sindicatos, cientos de personas recorrieron ayer las calles de Baiona para expresar su rechazo a la ley de migración aprobada por la Asamblea Nacional francesa, y exigir a Emmanuel Macron que no la ponga en vigor.

Con punto de partida en la Subprefectura, la movilización reunió en la capital labortana a gente de procedencia diversa y objetivo común: salir al paso de una legislación que restringe los derechos de las personas migrantes. Una normativa que nace del acuerdo con la derecha y el aplauso de la derecha extrema, y que debe ser sancionada por el presidente galo.

Entre otras medidas, la nueva ley, que sacudió las propias filas del macronismo, plantea severas restricciones en las ayudas por hijos o a la vivienda, que tienen implicaciones graves para unidades familiares de por sí en situación precaria, con particular perjuicio para los menores.

EN MANOS DE MACRON

Tras recibir hace un mes luz verde de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo aguarda la respuesta del Consejo Constitucional al recurso interpuesto por más de un centenar de parlamentarios, una decisión que, según ha transcendido, podría producirse el próximo jueves, día 25. Con todo, en última instancia es Macron quien decidirá si la sanciona. El presidente galo fue interpelado por las personas que se movilizaron ayer, y también hace unos días en Hendaia, aunque el mandatario hizo una clara defensa de la ley en una reciente intervención televisada.

Agentes sociales y organismos que trabajan a pie de calle con personas migrantes han denunciado insistentemente que se trata de una ley «represiva, injusta y discriminatoria», la más regresiva en los últimos cuarenta años.