Trabas al acceso de los extranjeros a las prestaciones sociales, cuotas migratorias anuales, endurecimiento de los criterios de reagrupación familiar, «depósito de devolución» para estudiantes... La mayoría de las medidas más xenófobas de una ley que tragó a finales de 2023 el bando presidencial para superar, con el apoyo de la ultraderecha lepenista de Rassemblement National y de Les Républicains (LR), antigua derecha gaullista, su minoría parlamentaria no han pasado el filtro de los nueve jueces que han examinado el texto.

El Consejo Constitucional fancés ha censurado 32 artículos de la reforma migratoria impulsada por el Gobierno y que incluyó en su última enmienda tamañas concesiones.

35 de los 86 artículos del proyecto de ley han sido total o parcialmente censurados, y el Consejo ha considerado que la mayoría de ellos -32, precisamente- no tienen cabida en el ámbito de aplicación de esta ley. Se trata de «cláusulas legislativas», que sin embargo podrían reaparecer más adelante en otros textos.

MACRON, SATISFECHO

El ministro de Interior galo, Gérald Darmanin, afirmó en una primera reacción que el Gobierno «toma nota» del rechazo de «numerosos» artículos, atribuyéndolo a que no se respetó «el procedimiento parlamentario», pero consideró que el Consejo Constitucional ha avalado, por contra, «la integridad del texto del Gobierno».

«Nunca un texto había previsto tantos medios para expulsar a los delincuentes y tanta exigencia para la integración de extranjeros», alardeó en su cuenta de la red social X.

Ya en las horas posteriores a dicha aprobación, la entonces primera ministra, Elisabeth Borne, puso en duda la constitucionalidad de algunos de los artículos introducidos en la fase final.

IRA DERECHISTA

El presidente de Rassemblement National, Jordan Bardella, lamentó lo que consideró un «golpe de Estado» de los jueces, del que responsabiliza también a Emmanuel Macron, y lamentó que el Constitucional haya puesto en duda «las medidas de mayor firmeza». «La ley de inmigración nació muerta. La única solución es el referéndum», sentenció, en alusión a la reivindicación xenófoba recurrente de la formación ultraderechista.

También el presidente de Les Républicains, Eric Ciotti, lamentó la resolución judicial, ya que estimó que los jueces «han tenido más en cuenta la política que el derecho». Para el dirigente ultraconservador y diputado por Alpes-Maritimes, tanto Macron como la izquierda «esperaban» esta sentencia, por lo que señaló que «una reforma constitucional es más indispensable que nunca para salvaguardar el destino de Francia» .

SATISFACCIÓN CRÍTICA EN LA IZQUIERDA

El presidente de la ONG Amnistía Internacional, Jean-Claude Samouille, reivindicó como una victoria la censura parcial de la ley y advirtió de que vigilarán que la legislación rechazada «no vuelva a entrar por la ventana».

Más explícito fue el coordinador de La France Insoumise, Manuel Bompard, quien instó a retirar íntegramente la ley, «que ha quedado amputada y no tiene legitimidad», porque ha evidenciado que «los peores delirios racistas de Macron y Le Pen son contrarios a nuestros principios republicanos».

En nombre del PS, Olivier Faure aseguró que «el Gobierno llevará como una tacha imborrable la convocatoria de votación» sobre la ley, «totalmente censurada».