El acceso a la vivienda se ha convertido en una grave problemática que afecta principalmente a la población con rentas más escasas, que suelen verse obligadas a buscar un hogar en el mercado de alquiler, tanto en Euskal Herria como en el resto del continente europeo. La mesa redonda ‘‘La función social de la vivienda y la necesidad de contener los precios’’, celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbo en el marco del Congreso Internacional sobre Políticas de Vivienda, analizó ayer la situación del mercado de la vivienda y contó con la presencia del investigador asociado de DIW de Berlín Konstantin Kholodilin; la presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, Carme Trilla; el presidente de la Unión de Empresarios de la Construcción de Araba (UNCA), Luis Alba; y el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno de Lakua, Mario Yoldi.

En primer lugar, Kholodilin destacó la «falta de viviendas asequibles», explicando que el control de alquileres «existe desde hace más de 2.000 años», cuando en la antigua Roma se apostó por esta solución. En lo referente a la era moderna, subrayó que en los últimos cien años ha habido varios picos en el precio de los alquileres, destacando los acontecidos tras ambas guerras mundiales y, más recientemente, con la pandemia de covid-19. Precisamente, la situación de pospandemia sumada al estallido de la guerra en Ucrania ha puesto de nuevo el debate del control del alquiler encima de la mesa, explicó el investigador ruso.

La economista catalana Carme Trilla fue la encargada de desarrollar que «los problemas de vivienda en el siglo XXI, en el fondo, son iguales a los que tuvimos en el siglo XX, pero la forma de plantear cómo solucionarlos es totalmente distinta». En este sentido, Trilla comentó que durante el pasado siglo la política de vivienda debía responder a nuevas necesidades, como los grandes movimientos migratorios que tuvieron lugar entonces. En cambio, en el siglo XXI, «el paradigma es totalmente distinto» ya que encontramos una «sociedad muy construida», con «menores densidades de población» y «movimientos migratorios menores». Lo que debería solucionar problemas como el planteado, ha creado nuevas necesidades surgidas de la diferencia entre el precio del alquiler y la capacidad de pago de las familias.

Luis Alba aportó la «visión privada» de la problemática, y expuso cuáles son los efectos de la regulación de los precios. Según el presidente de UNCA, la limitación de precios puede tener «efectos beneficiosos», pero «si el diagnóstico es equivocado» puede ser contrario a su objetivo. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido con el parque de vivienda pública entre 2010 y 2021: «Como no era viable pagar a los constructores y promotores, ha desplazado la demanda a los productos de alquiler de vivienda libre, que ha sufrido una subida de precios».

En su turno, Mario Yoldi ofreció algunos datos de la situación en la CAV, sobre la evolución del gasto ejecutado en vivienda o las cantidades destinadas a la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social. Incidió en que «para que las zonas tensionadas funcionen, no solamente hay que parar la subida de precios; hay que reducirlos» y, para ello, destacó un mecanismo ya existente en Catalunya y que consiste en que «un propietario, persona física, pueda desgravarse hasta el 90% de su rendimiento por el alquiler siempre y cuando baje el precio un 5%».