El pleno del Congreso español tumbó ayer el texto de la Ley de Amnistía después de que Junts paralizase su tramitación al no obtener el voto a favor del PSOE a las enmiendas que eliminan toda referencia al delito del «terrorismo» y de «alta traición» en el apartado de «excepciones». Esto supone que el contenido de la norma vuelve a la Comisión de Justicia de la Cámara para un nuevo debate que se prevé difícil.

El objetivo de las enmiendas presentadas por Junts y PNV era cerrar el agujero jurídico que la Judicatura española trata de explotar para excluir de la amnistía a los investigados por el Tsunami Democràtic y el «caso Volhov», entre los que se encuentra el expresident Carles Puigdemont. Tras la negativa del PSOE a apoyarlas, Junts votó a favor al dictamen de la norma, pero la formación independentista rechazó el texto final e impidió que su tramitación siga su curso en el Senado.

Esta segunda votación era necesaria porque se trata de una ley orgánica, y si esta no supera el umbral mínimo de los 176 votos requerido para su aprobación, el texto se remite a la comisión correspondiente, en este caso a la de Justicia. El plazo máximo para emitir un nuevo dictamen es de un mes, pero la Mesa del Congreso deberá decidir si lo reduce a 15 días al calificarlo de urgencia.

Antes de la votación final, la portavoz de Junts, MiriamNogueras, advirtió de que «detener la represión a medias no es detenerla» y que los de Puigdemont no pueden «dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española». «Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos y firmamos», remarcó.

De esta manera, Junts se unió al bloque del «no», formado por el PP, Vox, CC y UPN, sumando un total de 179 votos en contra. El resto de partidos que conforman la mayoría de la investidura expresaron su apoyo a la ley, incluyendo a ERC, cuya portavoz, Pilar Vallugera, pidió a Junts durante su intervención que no cayera en la trampa de los jueces españoles. Oriol Junqueras, que observó la votación desde el palco del hemiciclo, afirmó que la norma era «una buena ley que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara» porque «es lo suficientemente robusta para superar los filtros europeos y del Tribunal Constitucional» y beneficiaba, además, a «centenares de personas».

Para esta nueva oportunidad de negociación que se abre en el próximo mes, el líder de ERC apuesta por «seguir trabajando» para garantizar una ley que «no tenga peligro de caer en el primer escollo».

NUEVA NEGOCIACIÓN

La negativa de Junts obliga ahora a reiniciar las conversaciones, con la confianza entre los interlocutores cada vez más deteriorada. Tras la votación, el ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se mostró muy enfadado, señaló que era «absolutamente incomprensible» que Junts votase en contra la ley de amnistía y pidió al partido de Puigdemont que reconsiderara su posición.

Desde el partido de Pedro Sánchez, que ayer no tomó la palabra en el pleno y solamente apareció en la votación final, señalaron que no van a cambiar su posición sobre la Ley de Amnistía y que confían en que Junts sí lo haga.

Después de poco más de dos meses desde que el texto fuera presentado en el Congreso, el principal obstáculo entre ambas partes sigue siendo el concepto jurídico de «terrorismo». En el trasfondo, la decisión del juez Manuel García-Castellón de reabrir la causa de Tsunami Democràtic, al que se ha sumado la supuesta trama rusa del procés y el delito de «alta traición» al que ahora apunta el juez Joaquín Aguirre. Estos movimientos judiciales han sembrado serias dudas sobre la viabilidad de que Puigdemont y otros acusados se acojan a la amnistía, lo que generó inquietud en Junts y, por consiguiente, el voto en contra en el pleno de ayer.

En este sentido, el propio expresident señaló en su cuenta de X que «solo hay una manera» de frenar la «pulsión patriotera» de la Judicatura española: hacer una ley «más sólida». «Tenemos unos días para rehacer el consenso inicial, del cual no dudo, que la amnistía debe incluir a todo el mundo perseguido por esta maquinaria de trinchar derechos fundamentales en la que se ha convertido la judicatura española. Veremos si somos capaces», sentenció.

A RÍO REVUELTO...

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó las desavenencias entre PSOE y Junts y, puesto a meter el dedo en la llaga, indicó que «cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles».

Feijóo insinuó incluso que la Ley de Amnistía «es un buen precedente para las condenas» que EH Bildu «quiere amnistiar». «Como dirían en el argot deportivo: calienta que sales, señoría», señaló dirigiéndose al diputado de la coalición soberanista Jon Iñarritu, que había intervenido previamente.

«El PSOE no se ha plantado, al PSOE lo han plantado», afirmó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, minutos después de la votación.

Si Sánchez finalmente consigue los apoyos necesarios y aprueba la Ley de Amnistía en el Congreso en la próxima votación, comenzará una nueva tramitación en el Senado que el PP, con mayoría en la Cámara Alta, se ha propuesto dilatar lo máximo posible. De hecho, el partido de Feijóo aprobó una reforma del reglamento para impedir que la ley sea tramitada en esa Cámara por la vía de urgencia.

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Antes del rechazo a la norma, Iñarritu aseguró que la Ley de Amnistía es «buena, positiva y necesaria» para que el conflicto de Catalunya pueda resolverse en otro marco y «sacarlo del marco judicial, adonde no tuvo que llegar nunca».

El diputado de EH Bildu censuró, asimismo, los «movimientos oscuros» de la extrema derecha «en el ámbito judicial, político y en medios de comunicación», dentro de una actuación «coordinada» con jueces «prevaricadores».

Para aquellos que intentan sabotear la Ley de Amnsitía, prosiguió Iñarritu, «el objetivo no es solo cargársela», sino que también aspiran a «cargarse a este Gobierno y a esta mayoría plurinacional que lo sustenta».

El diputado del PNV Mikel Legarda remarcó, por su parte, que al poder judicial no le corresponde «banalizar lo que ha de ser calificado como terrorismo, haciendo un uso alternativo del derecho practicado por un cierto activismo judicial». Por su parte, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, se mostró «preocupado» por el rechazo a la proposición de ley, «no solo» por esta iniciativa, «sino por lo que significa para la estabilidad del Gobierno». «Parte de su estabilidad institucional está volcada en su entendimiento con Cataluña y si eso no se ha producido es realmente preocupante», destacó.

El nuevo portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, manifestó, por su parte, que queda tiempo para tratar de aprobar la Ley de Amnistía y que «todos» van a tener que moverse de cara a que la siguiente votación en el Congreso prospere.