La Audiencia Nacional española ha reactivado el llamado «sumario de los ongi etorris», que ya había finalizado su instrucción. La firma el mismo juez Manuel García Castellón que en los últimos tiempos ha acelerado causas contra el independentismo catalán con el claro objetivo de torpedear el debate abierto sobre la ley de amnistía. Ante ello, Sortu ha dado una voz de alarma: «Esta es una operación política de la derecha reaccionaria para desbaratar la ventana de oportunidad abierta en el Estado español».

La fase de instrucción de la causa ahora reactivada se había cerrado ya en octubre. De hecho, el pasado 12 de enero se anunció la imputación de seis miembros de la izquierda abertzale: Antton López Ruiz, Carlos “Kai” Saez de Egilaz, Pipe San Epifanio, Haimar Altuna, Oihana San Vicente y Oihana Garmendia. Por eso llama la atención que en un auto firmado este lunes, 29 de enero, se decrete su apertura para investigar unos mensajes en Telegram cruzados entre estas personas, para lo que se reclama a esta compañía que informe sobre la titularidad de tres canales. Son cuentas de Sortu y Sare, dos públicas y otra de comunicación interna.

Se da la circunstancia de que esta reactivación se produce por impulso también del PP, que se ha sumado a la demanda de Dignidad y Justicia, junto a la AVT. Sortu lo ve significativo: «El constante intento de sabotaje a la Ley de Amnistía que busca poner en vías de solución el conflicto catalán y esta operación forman parte de la misma estrategia -concluye-. Prueba de ello es que en ambas causas el juez de la Audiencia Nacional es el mismo [García Castellón] y como acusación particular se ha incorporado el PP». Y recuerda aquí lo que pidió recientemente el expresidente español José María Aznar ante la coyuntura creada en el Estado: «El que pueda hacer, que haga».

«El objetivo es desbaratar la ventana de oportunidad, desbaratar la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y de los derechos nacionales de Euskal Herria, Catalunya y Galicia -destaca Sortu-. Es decir, de cerrar la puerta a toda posibilidad de democratización del Estado español. En definitiva, impedir la posibilidad de desatar lo que el franquismo dejó atado y bien atado. Para ello, como estamos viendo con el caso catalán, o como ya dijimos la semana pasada con motivo del fin del ‘caso Bateragune’, una vez más se está utilizando el aparato de Justicia. Estamos, pues, ante un nuevo caso de lawfare».

«CON UNOS TRIBUNALES NORMALES, SERÍA BUENA»

La derecha afila los cuchillos, en un contexto en que sigue sin haber acuerdo sobre la ley de amnistía. Tras el traspiés de la víspera en el Congreso, las llamadas a la responsabilidad fueron ayer la tónica dominante entre los grupos de la mayoría parlamentaria, mientras que los principales protagonistas de este último desencuentro cruzaron mensajes. Desde el Gobierno señalaron que confían en que la norma acabe saliendo adelante, pero dijeron ver poco margen para hacer alguna modificación a lo ya pactado, al tiempo que Junts, que votó en contra al no aprobarse sus enmiendas, instó a llegar a un acuerdo cuanto antes. «Tenemos quince días, no lo dejemos para el último minuto», espetó Jordi Turull, secretario general del partido que acapara los focos.

«Si no se mueven aquí y no quieren que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estarán cumpliendo con lo que acordamos», expuso el político catalán en una entrevista en Rac1, donde también explicó que había hablado con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y expresó su voluntad de sentarse con ese partido para arreglar la ley.

«Tal y como está el texto ahora, con unos tribunales normales, la ley sería buena. Pero ante lo que hemos visto estos dos meses y medio, un manual para boicotear la ley con relatos delirantes, ahora tenemos la oportunidad de blindarla mucho más», indicó. Y añadió que «ahora que tenemos la oportunidad de tapar estas vías de agua que han abierto a golpes de martillo, hagámoslo».

Se refería al papel que están desempeñando jueces como Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre para impedir, llevando al límite no ya el Código Penal sino el sentido común, que personas encausadas como el propio president Carles Puigdemont puedan acogerse a esa amnistía.

«UN TEXTO CON SEGURIDAD JURÍDICA»

Desde el Ejecutivo, sin embargo, insisten en acotar su margen de maniobra. «Cualquier texto de amnistía no es constitucional, el que el Gobierno promovió sí lo era. Queremos que desde el Congreso salga un texto con seguridad jurídica», resumió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en TVE.

Más tajante fue el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien sostuvo que la ley no se va a tocar.