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PERSECUCIÓN JUDICIAL

La Fiscalía recurre la reactivación del sumario contra Sortu

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española considera que Dignidad y Justicia y el PP, con el recurso de prorrogar la investigación por los «ongi etorris» contra Sortu, buscan «realizar una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos» y pide «avanzar al juicio y una sentencia reparadora» tras cerrar la fase de instrucción.

Haimar Altuna, uno de los imputados en esta causa, sale del cuartel de Intxaurrondo en enero de 2020. (Jagoba MANTEROLA | FOKU)

 

Tras la decisión del juez Manuel García-Castellón de prorrogar seis meses más la investigación del llamado «sumario de los ongi etorris», la Fiscalía de la Audiencia Nacional española presentó ayer un recurso de apelación. Sortu calificó la semana pasada la reapertura como «una operación política de la derecha reaccionaria para desbaratar la ventana de oportunidad abierta en el Estado español».

La fase de instrucción de la causa reactivada se había cerrado ya en octubre. Fue el pasado 12 de enero cuando se anunció la imputación de seis miembros de la izquierda abertzale en la misma: Antton López Ruiz, Kai Saez de Egilaz, Pipe San Epifanio, Haimar Altuna, Oihana San Vicente y Oihana Garmendia.

El fiscal Carlos García Berro subraya que la solicitud de diligencia que da pie a la reapertura la realizó Dignidad y Justicia (a la que se sumó el PP) «fuera de plazo». Además, afirma que con ello buscan «realizar una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen». De hecho, apunta a que la reapertura de diligencias «dista mucho de estar ajustada a derecho».

Recuerda que esos canales de Telegram por los que se quiere reabrir la investigación son unidireccionales y, por tanto, no permiten interacciones con los suscriptores, por lo que el hecho de que un suscriptor reciba un mensaje no presupone interacción alguna. E indica que es el caso de Saez de Egilaz, quien en septiembre de 2020 recibió un mensaje en el que se decía «el preso vasco Rufino Arriaga, natural de Ordizia, en libertad tras 23 años en prisión».

«¿Dónde se quiere ver aquí la impartición de una directriz o de una instrucción? ¿Qué actividad de apariencia delictiva se quiere ver en esta publicación? ¿Qué conexión se ansía ver en una publicación abierta con la organización criminal objeto de imputación?», se pregunta el fiscal.

Tras esto, explica que en el canal de Telegram de Sare tampoco «se atisba indicio de criminalidad alguno ni tampoco se intuye qué relación pudiera existir, más allá del mero voluntarismo, con la organización criminal que es objeto de imputación».

APERTURA DE JUICIO ORAL

La Fiscalía, que considera que se «quebrantó gravemente la identidad de las víctimas» con recibimientos a presos que volvían a casa tras años en prisión, defiende que «para la restauración de la dignidad de las víctimas es menester que se dé por concluida la instrucción y podamos avanzar en la tramitación de la causa hasta el acto del juicio oral y el dictado de una sentencias reparadora».

Asimismo, señala que el recurso de Dignidad y Justicia «pedía profundizar en los indicios aflorados en la causa de que el entorno de los presos de ETA tenía línea directa con el Gobierno para mejorar su situación». El fiscal considera que eso se aleja del objeto de la investigación y la prioridad debe ser, «huyendo de toda investigación prospectiva o intentos de inquisición general» esclarecer «la organización reiterada y sistemática de ongi etorris y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la extinta banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, de regreso a España y de su fallecimiento».