El Tribunal de Baiona castiga las fianzas abusivas a inquilinos

Una agencia y sus dos gerentes han sido multados por imponer el pago anticipado de entre seis meses y un año de alquiler a personas en situación de precariedad habitacional. Se les prohíbe, además, seguir ejerciendo en el sector inmobiliario en los próximos cinco años.

La asociación Alda ha mostrado su satisfacción por la decisión adoptada por el Tribunal de Baiona, que ha condenado, en una sentencia conocida el jueves, a una agencia y a sus dos gerentes por prácticas abusivas y fraudulentas contra arrendatarios en situación de vulnerabilidad habitacional.

La condena se ha traducido en la pena de doce meses de cárcel, exentos de cumplimiento, y de cinco años de inhabilitación profesional.

La gerente de la agencia ICS, exgerente de la agencia ADP y exsocia de la agencia Avantages Immo, ha recibido ese severo castigo por exigir el abono de fianzas que oscilaban entre seis y doce meses de alquiler a los inquilinos de esta última agencia.

Esas personas, con pocos recursos económicos, vieron así como la agencia se quedaba con todos sus ahorros.

Conocida como Julia, la gerente de la agencia se servía de diferentes apellidos (Julia Perrochon, o Julia Dordain, o Julia Claudia Antonio, o Julia Antonia Perrochon) para esas transacciones.

El tribunal, tras hacerle responsable de complicidad en «prácticas comerciales engañosas», optó por imponerle sanciones incluso más duras que las requeridas inicialmente por la propia Fiscalía .

El tribunal imponía así una condena de doce meses de prisión -sin obligación de cumplimiento, de no existir reincidencia-, frente a los seis meses solicitados por el Ministerio Público, y también una prohibición para ejercer durante cinco años en el sector inmobiliario.

Una condena extensible, además de a Julia, a la agencia Avantages Immo y a su otro gerente. Deberán pagar, además, de manera solidaria, unos 36.000 euros en concepto de daños y por costas judiciales. La empresa Avantages Immo deberá abonar, de forma añadida, una multa de 10.000 euros.

La asociación Alda apoyó esta causa colectiva, que afecta a varios inquilinos, y que fue defendida ante el tribunal de la capital labortana por los abogados Hervé Espiet y Xantiana Cachenaut.

Tras el fallo favorable del tribunal, estas personas obtendrán el rembolso de las cantidades que les fueron sustraídas de forma ilegal.

CASTIGO DISUASIVO

Alda remarcaba, a través de un comunicado, la relevancia de una decisión judicial que, por primera vez desde que la asociación iniciara sus acciones en favor del derecho a la vivienda, en otoño de 2020, se ha traducido en «un duro golpe a un fraude inmobiliario que, hasta ahora, quedaba habitualmente impune».

El colectivo ciudadano confía en que, a la vista del castigo impuesto por el juez, la sentencia ayude a «disuadir de realizar a futuro más fraudes».

Alda se asegurará de que «esta directora de agencia inmobiliaria, que ha causado graves daños a tantas personas, respete al pie de la letra su prohibición profesional». Una vigilancia obligada, ya que había sido condenada en el pasado por casos similares sin que se le retirara la licencia.