EEUU reclama a Assange por «arriesgar vidas con la filtración indiscriminada»

La Justicia británica decidirá en los próximos días si autoriza a Julian Assange seguir apelando su extradición a EEUU, que le reclama por poner «vidas en peligro» al filtrar «indiscriminadamente» documentos con fuentes. La acusación dice que imponerle la pena de muerte sería «contrario al espíritu» de las garantías previas de EEUU, pero admite que no hay nada que lo impida.

El Gobierno de EEUU defendió ayer ante el Tribunal Superior de Justicia en Londres la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange _ausente de nuevo ayer-, alegando que la filtración «indiscriminada» de miles de documentos secretos con nombres de fuentes de información «puso vidas en peligro» y debe ser juzgado en el país norteamericano.

El Tribunal Superior, que comenzó el martes dos días de audiencia, es la última oportunidad de Assange para frenar una extradición que, a nivel político, está autorizado desde junio de 2022. Sobre él pesan 18 cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel, según han denunciado sus abogados. Los letrados estadounidenses señalaron ayer que no serían más de 63 meses.

La acusación estadounidense incidió, por boca de sus abogados, en la especial gravedad y las «profundas consecuencias» de las filtraciones, especialmente para las fuentes que aparecían identificadas en los documentos publicados por WikiLeaks y relativos a situaciones de conflicto.

«No fue un desliz o un error, fue la publicación de una gran cantidad de material íntegro», expuso Clair Dobbin, quien insistió en que que Assange es requerido por conspirar con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) para obtener información militar clasificada y por difundirla, poniendo en peligro a «numerosos informantes inocentes de EEUU» en países como Irak, Afganistán, China, Irán o Siria.

Y recalcó, además, que los procedimientos llevados a cabo después «están basados en las leyes y las pruebas, no son de inspiración política».

El cariz político es, en cambio, uno de los grandes ejes de la defensa de Assange, tal como quedó claro el martes. Sus abogados dijeron que a su cliente se le imputan «delitos políticos» y que, por tanto, en su caso no era aplicable el tratado de extradición entre EEUU y Gran Bretaña.

Además, pusieron en duda que pudiese recibir un juicio justo en EEUU y defendieron que en este proceso están en juego libertades fundamentales, ya que las actuaciones de Assange y de WikiLeaks entrarían dentro del ámbito del periodismo y merecerían especial protección.

Dobbin rechazó que pueda compararse su actividad a la de los periodistas de investigación. Sostuvo que la defensa «describe erróneamente» las acusaciones contra el australiano, que en realidad son «por delitos penales basados en pruebas».

PENA DE MUERTE

Sobre el argumento de que la vida de Assange corre peligro si es extraditado a EEUU, James Lewis, el abogado principal del Gobierno estadounidense, argumentó que no hay «nada que sugiera que [Assange] se enfrenta a un verdadero riesgo de pena de muerte», según informaron varios medios.

Pero, cuando el juez Adam Johnson le preguntó si había «algo que impidiera una acusación de complicidad en traición», contemplado en la ley de Espionaje estadounidense -uno de los 18 cargos a los que se enfrentaría Assange de ser extraditado a EEUU-, señaló no había nada que lo impidiera y aceptó «en principio» que esos cargos pudieran conllevar la pena de muerte. Lewis indicó que imponer la pena de muerte a Assange sería «contrario al espíritu» de las garantías previas de EEUU.

El abogado defensor Mark Summers tachó estas «garantías» de «sin sentido» al responder ante el tribunal a los argumentos de EEUU.

La posibilidad de que Assange sea condenado a la pena capital contradice las garantías dadas por Gran Bretaña a Ecuador en 2019, en las que se comprometió a no extraditar al periodista a un país en el que se le pudiera aplicar dicha condena. En 2020, el subsecretario permanente del Ministerio de Exteriores británico en Ecuador, Simon McDonald, aseguró que «lo que sí dijimos es que nunca extraditaríamos al señor Assange si existía peligro de que afrontara una pena de muerte».

La decisión final está en manos de los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson que deberán determinar si el caso merece un nuevo examen o si, por el contrario, queda cerrado, lo que dejaría como alternativa final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para evitar la entrega a Estados Unidos.