A falta de ser ratificado, los Gobiernos español y de Lakua han llegado a un acuerdo para que esta última institución asuma la gestión integral del proceso de acogida de las personas refugiadas. La semana pasada se acordó el traspaso de otras dos competencias.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu explicó en una nota, esta transferencia no se refiere a los procedimientos de asilo, que siguen siendo gestionados por Madrid, y tampoco asume la gestión de los centros de acogida a refugiados. Se refiere al sistema de acogida e integración de beneficiarios de protección internacional, hasta ahora gestionado por el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, Lakua destaca que ya cuenta con importantes competencias en diferentes ámbitos sectoriales que garantizan prestaciones para los beneficiarios de protección internacional y que desde hace años viene realizando estas labores «de manera natural».

Según Lakua, «ese espacio competencial le ha permitido garantizar diferentes servicios públicos y prestaciones a los que pueden tener acceso los beneficiarios de esa protección internacional». Además, «esta transferencia supondrá una intensificación de los programas en asistencia social y un impulso a la integración».

La fase de autonomía de las personas que han accedido a la condición de protección internacional tiene una duración máxima de seis meses. Durante ese periodo, se les da apoyo para acceder a la formación para el empleo, se les acompaña en la búsqueda de vivienda y se les facilitan actividades de inserción.

La valoración económica se ha hecho utilizando la metodología del Concierto Económico, de tal forma que el coste total anual a nivel estatal asociado a la presente transferencia ascendería a 2,4 millones.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, consideró que este traspaso «pone en valor otras políticas públicas que actúan sobre los procesos de integración de estas personas. Un ejemplo lo tenemos en la transferencia cerrada la semana pasada, la de homologación de titulaciones extranjeras, teniendo en cuenta el contexto de alta demanda de personas trabajadoras cualificadas».