El proyecto de Ley de Amnistía para los implicados en el ‘procés’ independentista de Catalunya tuvo que volver a la Comisión de Justicia el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts se posicionara en contra del mismo en la votación celebrada en el pleno del Congreso. Un mes más tarde, el nuevo dictamen, pactado por PSOE, ERC y Junat, fue aprobado ayer con veinte votos a favor y 17 en contra.

Como el orden del día del pleno ordinario de la próxima semana, que va a celebrarse el martes, ya estaba cerrado, y su posible modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a facilitar, los promotores de la ley han optado por convocar un segundo pleno para el jueves, día 14.

En este pleno extra sólo se votará el dictamen de la Comisión de Justicia, ya que los socios del bloque de investidura han acordado retirar todas las enmiendas que estaban vivas. La Ley necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante.

Si la ley prospera en el Congreso, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses, puesto que ese es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.

Los representantes de Junts apuntaron ayer que los políticos exiliados como Carles Puigdemont o Toni Comín podrán regresar a Catalunya en un plazo máximo de dos meses a partir de esa fecha.

Si el próximo jueves la ley no llegara a 176 apoyos, como ocurrió el 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio.

El pacto cerrado por el PSOE con Junts y ERC modifica tres artículos del proyecto de ley de amnistía y también el preámbulo, donde deja claro que serán los jueces los encargados de identificar a las personas concretas amparadas por la medida de gracia.

«Corresponde al poder legislativo establecer los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador», se afirma en el texto.

DOS MESES MÁS

La mayoría de los cambios efectuados al dictamen que rechazó Junts en enero buscan acotar las conductas que quedarán excluidas de la amnistía, siendo esta aplicable al resto. Se amplía también en dos meses el ámbito temporal, que irá del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.

En el caso del «terrorismo», se borran las referencias al Código Penal español y se señala que quedan sin cobertura «los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo» según la directiva europea de 2027 y que, a su vez, hayan causado «de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos».

En particular, quedan excluidos los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -relativos al derecho a la vida y la prohibición de la tortura- y al derecho internacional humanitario.

Respecto a los delitos de «traición» y contra la paz o la independencia del Estado, y los relativos a la defensa nacional recogidos en el Código Penal, se concreta que quedarán excluidos de la amnistía solo cuando se haya producido «tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».

Quedan también excluidos los actos tipificados como delitos de «torturas» o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la amnistía los cubrirá cuando «no superen un umbral mínimo de gravedad», porque no resulten idóneos para humillar o degradar a una persona, dañar su dignidad o «provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física».

El texto acota la amnistía del delito de «malversación», que estará cubierto por esta medida de gracia «únicamente» cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el ‘procés’ y «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento» personal.

INDEMNIZACIONES Y MULTAS

La ley deja claro que no habrá indemnizaciones y que tampoco se reintegrarán multas ya abonadas, aunque con la última modificación se abre la puerta a que se devuelvan sanciones impuestas en aplicación de la Ley de seguridad ciudadana, la conocida como Ley mordaza.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, reveló que el PSOE se había comprometido a aceptar el acuerdo al que llegaran su partido y ERC sobre las enmiendas. «Si ERC y nosotros llegamos a un acuerdo y lo acordamos, ¿nos lo aceptaréis? Dijeron que sí. Pues no sufráis, que llegaremos a un acuerdo», relató.

La portavoz de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, descartó que la Ley de Amnistía sea un punto y final, sino que a su juicio «es un punto de partida para empezar la segunda fase de negociación del conflicto político». También remarcó que la luz verde a esta norma allana el camino al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado español.

Desde el PSOE, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, señaló que «estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos», y apuntó que servirá para no seguir «anclados en el conflicto y en el enfrentamiento».

Desde el otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que este acuerdo «va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea».