Los Ramsy, una pareja de agricultores del noreste sirio, nunca pensaron que gastarían casi todos sus ahorros en paneles solares. «Hemos pagado 1.700 dólares. No podíamos soportar la oscuridad y estar desconectados del mundo exterior», explica Najma Ramsy en su residencia de Keshka. Es una pequeña aldea kurda en el extremo nororiental de Siria, justo en el punto donde coinciden también las de Turquía e Irak.

La kurda de 55 años admite que todavía tiene que familiarizarse con el nuevo dispositivo que refleja el cielo desde el tejado de su casa. También es el recordatorio de una amenaza constante.

«Es terrible. Los turcos nos bombardean casi a diario. Nunca olvidaré cómo tembló nuestra casa cuando una refinería cercana fue atacada», recuerda Ramsy. Aunque la prensa apenas se ha hecho eco de ellos, los bombardeos no han dejado de repetirse en esta región en los últimos años. Un informe publicado en enero por el Rojava Information Centre (RIC) -organización independiente y formada por voluntarios- apunta a una «campaña de ataques aéreos periódicos conducida por Turquía contra infraestructuras civiles en el noreste sirio». Cientos de civiles habrían muerto según dicho informe.

Los bombardeos comenzaron cuando Ankara lanzó un ataque transfronterizo contra el distrito kurdosirio de Serekaniye en 2019, brindando apoyo aéreo a las milicias islamistas. Se intensificaron tras el ataque de Estambul del 13 de noviembre de 2022 en el que murieron seis personas y decenas resultaron heridas. Ankara culpó a los kurdos, pero tanto el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) como las predominantemente kurdas Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) negaron su participación.

Sin embargo, los bombardeos continuaron, e incluso cobraron aún más fuerza.

En octubre de 2023, las instalaciones básicas de electricidad, gas y petróleo resultaron alcanzadas por ataques aéreos, lo que causó grandes daños económicos y de infraestructuras que empeoraron la ya frágil situación humanitaria en el noreste de Siria.

Un mes después, Turquía llevó a cabo nuevos ataques aéreos tras las operaciones del PKK contra bases militares turcas en las montañas de la región del Kurdistán iraquí, donde murieron varios soldados turcos. En represalia, instalaciones médicas, fábricas de materiales de construcción, zonas industriales y complejos agrícolas que incluían silos y molinos de cereales fueron atacados en el noreste sirio.

«Durante los últimos cinco meses, no hemos tenido acceso a agua potable y nuestra única fuente de electricidad llega de generadores comunitarios. Sólo podemos permitirnos tres horas de electricidad al día», explica Gulsin Malla, una mujer de 50 años, desde su residencia en las afueras de la ciudad de Qamishli —700 km al noreste de Damasco-.

A diferencia de los Ramsy, Malla no puede costearse un panel solar. «¡Sería como un salario de tres años!», espeta la kurda. Además, el gas también se ha vuelto demasiado caro.

A mediados de enero, al menos siete empleados resultaron gravemente heridos en un ataque al complejo energético de Suwadiyah -a 780 km al noreste de Damasco-. La infraestructura de la que depende casi un millón de personas ha sido destruida cuatro veces en los últimos dos años.

«Hemos estado cocinando con leña desde hace más de un mes», recuerda Malla. Dice que la escasez de gas ha multiplicado su precio por diez. «Añade a la larga lista de lo que nos falta las medicinas, y entenderás por qué digo que es como una ‘muerte lenta’ para nosotros», zanja la kurda.

AMENAZA YIHADISTA

Un informe de Human Rights Watch del pasado octubre denunció que los ataques con drones turcos en zonas controladas por los kurdos en el noreste de Siria dañaron infraestructuras críticas y provocaron cortes de agua y electricidad a millones de personas.

«Los habitantes de la región, que ya se enfrentan a una grave crisis de agua, son también los más afectados por el aumento de los bombardeos. Turquía debe de dejar de atacar urgentemente infraestructuras críticas necesarias para garantizar los derechos más básicos y el bienestar de los residentes, incluidas las estaciones de energía y agua», subrayó HRW.

GARA contactó con representantes de la Media Luna Roja Kurda que apuntaron a «crímenes de guerra», describieron la situación como «insoportable» y acusaron a Turquía de «vandalizar la región».

«Estamos asistiendo a un aumento del desplazamiento de sus habitantes. Muchos de ellos están intentando salir de la región, principalmente hacia Europa», revelaron funcionarios de la ONG.

La versión de Ankara es completamente distinta.

En un discurso televisado el 16 de enero, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió «ampliar las operaciones militares contra grupos vinculados a militantes kurdos en Irak y Siria». Altos funcionarios turcos han afirmado repetidamente que la campaña de ataques aéreos tiene como objetivo «grupos terroristas» kurdos.

«Son declaraciones que no tienen ninguna credibilidad», asegura Siyamend Alí, el responsable de prensa de las YPG (Unidades de Protección Popular) -el principal contingente armado kurdosirio-, desde su oficina en el centro de Qamishli.

«La mayoría de las víctimas han sido civiles y la mayoría de los objetivos siguen siendo infraestructuras civiles. Casi dos millones se han quedado sin electricidad, eso sin mencionar las carencias en el suministro de agua y la atención sanitaria», denuncia el portavoz.

También alertó sobre otros riesgos.

«Atacando nuestras infraestructuras básicas están asfixiando a nuestra gente, pero también están dando oxígeno al Estado Islámico para nuevas operaciones», subraya Alí.

Los kurdos de Siria han sido los principales aliados de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico. Más de 10.000 de sus combatientes han muerto combatiendo al fantasma yihadista.

En conversación telefónica con GARA, Abdulkarim Omar, representante de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria en Europa, afirma que el principal objetivo de dicha campaña de bombardeos de Ankara es «desestabilizar la región kurda de Siria y cambiar su demografía». El alto funcionario kurdo residente en Bruselas también destacó que dos distritos kurdosirios, Afrin y Serekaniye, todavía permanecen bajo la ocupación de grupos islamistas respaldados por Turquía desde 2018 y 2019 respectivamente. «La nuestra no es sólo una administración ‘kurda’, sino que también viven entre nosotros árabes, sirios, armenios, chechenos... Son casi cinco millones de personas entre los que se cuentan un millón de desplazados internos de la guerra en Siria», recuerda Karim.

Según parece, las amenazas se acumulan para todos ellos.

Fahad Fatta, un hombre de negocios en el sector agrícola de 43 años, pensó en mudarse con su esposa y sus tres hijos a una pequeña granja que poseen a las afueras de Qamishli, cerca de la frontera turca. Pero ya no se atreven a ir allí desde que les dispararon desde territorio turco. «La situación de seguridad empeora cada día que pasa. Siempre estamos preocupados por nuestros hijos, especialmente cuando están en la escuela o jugando en a calle con sus amigos», explica Fatta desde su apartamento en Qamishli.

Que los controles de la Policía kurda hayan desaparecido de la carretera principal debido a los ataques aéreos tampoco resulta tranquilizador. Todos saben que el Estado Islámico sigue activo, y Fatta teme que los yihadistas se aprovechen de la brecha en la seguridad.

«No tenemos ni electricidad ni gas en casa. Apenas podemos permitirnos unos cuantos amperios del generador comunitario, pero me temo que todo eso podría ser hoy la menor de nuestras preocupaciones», dice.