El Senado planteará un conflicto con el Congreso para reclamar a la Cámara Baja la retirada de la proposición de ley de Amnistía, una iniciativa que adoptará a petición del PP, que tiene mayoría absoluta, al entender que es inconstitucional y su tramitación, «fraudulenta». Este conflicto podría acabar en el Tribunal Constitucional si el Congreso no acepta en un plazo de 30 días este requerimiento. La iniciativa, que tiene que ser aprobada por el pleno, no interrumpiría en ningún caso el plazo máximo de dos meses para tramitar la ley en la Cámara Alta y que finaliza el 16 de mayo.

El PP hace uso de una posibilidad que señalaron los letrados del Senado la víspera -y que Vox le había reclamado-: plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno que pida formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley de amnistía, y ante el Tribunal Constitucional, para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, señaló que es «una reforma encubierta de la Constitución» y acusó al PSOE de realizar «tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya», durante una interpelación a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Bolaños avisó al PP de que «la última palabra» la tiene el Congreso. Le acusó de presentar este conflicto «para agradar a la ultraderecha» y argumentó que en lugar de esta estrategia debería trabajar en mejorar el texto, «si es que es posible», y devolverlo al Congreso. Y denunció que el PP ha convertido el Senado en una cámara «dilatoria y obstruccionista» que solo busca paralizar la actividad legislativa.