La Administración incumple y la sociedad paga

Los datos no engañan y la urgencia es inminente. La monitorización del cambio climático en Navarra refleja un aumento de temperatura de 0,23 ºC por década en el periodo 1991-2019, y la tendencia sigue siendo claramente negativa. Cada décima puede tener efectos críticos y desconocidos a todos los niveles, y para 2050 se espera un incremento de nada menos que 0,87 °C. Ante este escenario de emergencia climática, el 22 de marzo se cumplen dos años desde la aprobación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, una ley que salvo excepciones no se ha cumplido, ni aprovechado.

La Administración de Navarra y las entidades locales, asumiendo un papel ejemplarizante y en su condición de consumidoras de bienes y servicios, hace dos años que debían haber liderado el cambio de modelo energético. Sin embargo, es evidente la falta de responsabilidad y liderazgo público en su desarrollo. Son más los incumplimientos y las tareas pendientes que las realizadas, y el tiempo corre en nuestra contra.

La ley establece que desde el primer año de aplicación el 100% de los vehículos ligeros adquiridos por las entidades del sector público o que se apliquen en contratos públicos deben ser cero emisiones o emisiones neutras en carbono. No lo son. A día de hoy, deberían estar elaborados y aprobados los planes de movilidad sostenible en los municipios de más de 5.000 habitantes y los de reducción de emisiones en la distribución urbana de mercancías en los más poblados. No lo están. Y del mismo modo, el departamento con competencia en materia de transporte debía tener desarrollado el contenido y tramitación de los planes de transporte sostenible de las empresas e instituciones y los planes de transición energética para su progresiva sustitución. Nada de nada.

La lista sigue. Hace dos años que los proyectos de presupuestos de los pueblos con población superior a 5.000 habitantes deben incorporar la perspectiva climática. Hace un año que deberían haber realizado un inventario de edificios, parque móvil e infraestructuras públicas de las que son titulares, así como un registro de su consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Y para ello, el departamento con competencia en materia de energía debía haber establecido el modelo a aplicar y haberlo puesto a disposición del público en general. Pero no hemos tenido noticias al respecto.

Están pendientes prácticamente todas las obligaciones que afectan al desarrollo ordenado de las energías renovables: hace un año que el Gobierno de Navarra debía haber elaborado los reglamentos sobre suelos autorizables y prohibidos para la ejecución de unas instalaciones de energía eólica y fotovoltaica y tampoco ha elaborado el reglamento de condiciones y porcentajes de instalación de energía procedente de fuentes renovables para edificios de nueva construcción. A día de hoy, las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes debían haber realizado y presentado las correspondientes auditorías energéticas en edificios, alumbrados e infraestructuras. Y del mismo modo, debían haber diseñado y ejecutado los planes de para la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

En materia de adaptación al cambio climático, el Gobierno de Navarra debía tener aprobado hace un año el desarrollo reglamentario en el que se establezcan los mecanismos de compensación y garantía necesarios para hacer frente a la pobreza energética. Ya deberíamos conocer el cálculo de huella de carbono que según la ley debe realizar, y a partir de este análisis, el departamento competente en materia de medio ambiente debería haber establecido y aprobado una hoja de ruta del compromiso de reducción y compensación de emisiones. No es todo. En este plazo, los municipios de más de 5.000 habitantes también debían haber preparado su propio plan de acción de cambio climático.

Para mayor desesperación, la Agencia de Transición Energética de Navarra, sometida a las directrices del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial y creada hace dos años sigue vacía. Se estableció que el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley foral, remitirá al Parlamento de Navarra un proyecto de ley foral regulador y se determinaría su personalidad jurídica, finalidad y las funciones que se le atribuyen. Pero, a pesar de dedicarse recursos más que suficientes para que el Parlamento pudiese afrontar este tema, nada de eso se ha producido hasta esta fecha.

Sin duda esta ley es mejorable, tiene insuficiencias, pero supone una guía y una oportunidad para abordar la tan necesaria transición energética y ecológica; y su cumplimiento estricto es crítico para afrontarla de un modo proactivo. No obstante, son evidentes las reticencias y la oposición a desarrollarla en su integridad y a romper con prácticas no sostenibles. El modelo de transición energética de Navarra está quedando prácticamente en su totalidad en manos de iniciativas privadas que velan únicamente por sus intereses económicos. Y, mientras tanto, las administraciones y el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial como principal responsable, incumplen la mayoría de sus obligaciones y la sociedad paga los costes, a la vez que sufre los impactos negativos de grandes proyectos energéticos.