Berri-Otxoak denuncia el cambio de criterio en las ayudas al alquiler

Berri-Otxoak, plataforma contra la exclusión y por los derechos sociales, denunció ayer en Bilbo el endurecimiento, por parte del Gobierno de Lakua, de las condiciones de acceso a las ayudas para el alquiler de viviendas o habitaciones.

La plataforma contra la exclusión social y por los Derechos Sociales Berri-Otxoak se plantó ayer ante la delegación de Lakua en Bilbo para denunciar la decisión de Etxebide de dificultar y endurecer el acceso a las ayudas para sufragar los gastos de alquiler de viviendas o habitaciones. Destacó que la medida afectará a las personas y familias más vulnerables, dejándoles sin alternativa.

A través de un comunicado, la plataforma explicó que el decreto que desarrollará la actual Ley de Vivienda prevé la desaparición de la Prestación Complementaria de Gastos de Lanbide y de las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para establecer una única ayuda al alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.

Señaló que «se van a requerir tres años de inscripción en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, cuando hasta este momento no se exigía ningún tipo de antigüedad», lo que supondrá que «cientos de familias que perciben la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide o las Ayudas de Emergencia desde los Servicios Sociales municipales dejen de tener acceso a estas ayudas».

Denunció, en este contexto, que recorta «las ayudas insignificantes, de menos de 300 euros, para hacer frente a los alquileres abusivos y a las subidas sin freno» y puso de manifiesto que «se está vulnerando el acceso a una vivienda digna al no ofrecerse una alternativa habitacional a las familias que sufren un desahucio, al desalojar a familias residentes en viviendas de alquiler social o con la falta de unos recursos económicos suficientes para garantizar este derecho».

Afirmó que «el PNV y el PSE quieren empobrecer aún más a quienes menos tienen, cargando sobre las redes familiares las situaciones de escasez que azotan a la ciudadanía; el parque público de viviendas se demuestra insuficiente, no hay voluntad política para regular los arrendamientos privados y la prestación para el alquiler excluye a gran parte de solicitantes que deberían tener prioridad»

La plataforma precisó que son «al menos 35.000» las familias que se verán afectadas. Denunció, así, que la medida deja sin salida a muchas familias: «¿Qué posibilidades tienen las personas y familias destinatarias de un piso o habitación para vivir de forma independiente? La respuesta es ninguna», manifestó de forma contundente.