Los acusados de Luhuso se reafirman en su sólido compromiso con la paz

El arranque del juicio de Luhuso en el Tribunal Correccional de París puso en evidencia que el bloqueo de Madrid y París forzó a que el desarme pasara de ser una voluntad expresa de ETA a una vocación colectiva que implicó a sociedad, electos y hasta representantes estatales franceses.

La Sala 16 del Tribunal Correccional de París acogió ayer la primera de las dos sesiones previstas en el juicio por la acción desobediente en favor del desarme organizada el 16 de diciembre de 2016 en Luhuso (Lapurdi).

La vista arrancó con la lectura de los cargos: delitos de «transporte y depósito de explosivos con objetivo terrorista» para Jean-Noel, Txetx, Etxeberri y «depósito de armas y explosivos con objetivo terrorista» para la dueña de la casa donde se intervino el arsenal para ser inutilizado, la periodista Béatrice Molle-Haran.

La juez expuso, como punto de partida, el informe elaborado por la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) alertando de un acto de desarme que dio paso a la intervención de la Policía antiterrorista, que detuvo a los activistas.

La presidenta del tribunal enumeró la lista de armas que fue hallada en Luhuso, junto con sus características y funcionalidades (había algunas obsoletas), pero remarcando el «carácter profesional y la potencialidad» del arsenal, que incluía fusiles, cohetes y material para la fabricación de explosivos o pistolas.

Molle-Haran declaró primero y defendió, aludiendo a los valores de compromiso en los que fue educada que, «cuando se cree en la paz, hay que dar el paso».

Añadió, además, que en esa misma sala de su casa en la que se iba a realizar el acto por el desarme se celebraron en décadas precedentes reuniones, en las que su difunto marido -el dirigente jeltzale Ximun Haran- albergó diálogos mantenidos entre líderes políticos y funcionarios públicos franceses, «que tenían siempre de fondo esa búsqueda de la paz que se ha negado a mi pueblo durante 80 años de conflictos y violencias».

Molle-Haran se emocionó al evocar la figura de los tres artesanos ya desaparecidos y, en especial, la de Michel Berhokoiriogoin, sindicalista y agricultor de Gamarte.

Al final de su intercambio con la imputada, la presidenta del tribunal leyó ante la sala un correo remitido por el presidente del Consejo General del Departamento de Pirineos Atlánticos, el centrista Jean-Jacques Lasserre, en la que destaca el «perfil pacifista» de Molle-Haran y solicita al tribunal su absolución,

A preguntas del Ministerio Público, Molle-Haran destacó el carácter inédito de un desarme con el apoyo de la sociedad civil. También explicó que ese proceso contó con «la implicación fuerte» de David Pla, interlocutor de ETA con el Gobierno español en Oslo.

ETXEBERRI Y LOS DISTINTOS ACTOS DE DESARME

En su turno, Txetx Etxeberri reconoció que esperaba que el diálogo entre ETA y los Estados permitiera consolidar el escenario de paz, pero que, pasados cinco años, se fue instalando la preocupación por el bloqueo del desarme y la política penitenciaria

«Nos inquietó el recuerdo de treguas fallidas y teníamos miedo de que, aun siendo muy minoritaria, se reforzara una opinión disidente. Y nos preocupaba también lo que podía pasar con las armas en un escenario de atentados yihadistas», detalló Etxeberri. Fue esa preocupación, aseguró, el punto de arranque de ese plan para «hacer algo» que se materializó en Luhuso

Etxeberri aseguró que priorizaron la vía de los verificadores y ETA, ya que se les comunicó que «había abierta una vía que llegaba al Eliseo». Pero cuando ese canal también se obstruyó, los artesanos confirmaron a ETA su voluntad de colaborar en un desarme «con la condición de ir a un desarme total y no a hacer una acción simbólica»

Apoyó con escritos cruzados con ETA que el plan en sus distintas versiones siempre respondió a ese objetivo final.

Citó, además, los contactos con las autoridades francesas previos al 8 de abril de 2017 y también a las de las dos entregas de armas posteriores, que tuvieron lugar en febrero y abril de 2018, a partir de «una relación de confianza» asentada en el diálogo fluido y, en lo que al aspecto operativo, con la colaboración imprescindible y expresa de la Policía francesa.

La fiscal preguntó a Etxeberri por qué no puso en conocimiento previo de las autoridades estos planes

«No lo hicimos precisamente, para poder ejecutarlos en Luhuso, porque de haberlo comunicado nos habrían impedido hacerlo, como ya hicieron durante cinco años con el desarme a cargo de ETA, pese a disponer incluso de una verificación internacional», replicó.

En el cruce dialéctico con la fiscal, Etxeberri mostró su solidaridad con todas las víctimas, «porque la Justicia solo ha tenido en cuenta a algunas y, por si fuera poco, más de diez años después del final de la acción de ETA, ahora solo propone como alternativa que los presos vascos sigan hasta 2050 en prisión, una opción contraria a la paz y a construcción de la convivencia».

LA IMPLICACIÓN DEL ESTADO

Tras la testifical de Etxeberri y Molle-Haran, declararon los testigos. El primero en tomar la palabra fue el exprefecto de Pirineos Atlánticos Éric Morvan. «Si no hubiera contado con la autorización de la justicia, no habría podido hacer nada», aclaró a preguntas de la defensa.

«Nunca percibí la mínima veleidad terrorista en Etxeberri», insistió Morvan, para añadir que tampoco dudó «de que la iniciativa que planteaba era una aportación a la paz».

El exministro de Interior Mathias Fekl recordó el contexto en el que debió gestionar el desarme de ETA. Remarcó -pese al enfado de la fiscal- que ETA no era en 2017 un problema de seguridad de primer orden para el Estado francés, lo que no obviaba para que «fuera conveniente acabar bien las tareas pendientes»

De ahí que Fekl reconociera participar en «la aplicación de un esquema gubernamental» que tenía dos pilares básicos: respeto al marco legal y a la decisión judicial, y las garantías de seguridad.

Estos dos representantes estatales remarcaron que fue la Fiscalía la que fijó las garantías, que evitaron que hubiera detenidos y aseguraron «un desarme ordenado».

Citado como testigo, el alcalde centrista de Baiona y presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, manifestó que «ni el 8 de abril ni la posterior disolución de ETA habría sido posible sin el 16 de diciembre en Luhuso».

Además de los ya citados, testificaron el experto en derecho Pierre Massias, el alcalde de Hendaia Kotte Ezenarro y la exdiputada del PS Pierre Massias. Todos ellos defendieron la inocencia y el compromiso con la paz de los acusados.