Dos semanas después del desalojo de varias personas que se cobijaban en un túnel en desuso que comunica los barrios de Lutxana y Cruces, en Barakaldo, la versión oficial se tambalea al desvelar uno de los heridos por disparos de un policía local que no hubo ataque con armas blancas y sí la amenaza de una de esas personas de «rajarse el cuello si no nos dejaban en paz». En ese escenario, 70 organizaciones sociales, sindicales y políticas reclaman una investigación «profunda y neutra» de lo que consideran una actuación «desproporcionada y racista».

La versión oficial sigue sosteniendo que el agente repelió un supuesto ataque con un «cuchillo de grandes dimensiones» ante el «grave riesgo para su vida». La defienden los sindicatos Esan y ErNE, así como el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo (PSE), que imputa la violencia a las personas que iban a ser desalojadas de uno de los antiguos túneles, ahora tapiados, del parque Lurkizaga.

Muy diferente es el relato de una de las dos personas heridas, que niega que él y su amigo, que continúa hospitalizado, intentaran atacar con un cuchillo al policía que les disparó. El sin techo aseguró, en declaraciones a ‘‘El Correo’’, que la otra persona que se cobijaba con ellos «sacó una navaja y amenazó con rajarse el cuello si no se iban».

La versión oficial no la secundan las decenas de organizaciones que se concentraron el martes en la Herriko Plaza de Barakaldo para condenar una actuación que califican de «desproporcionada y racista». Además, demandaron a los responsables municipales que dejen de respaldar estas actuaciones policiales, que entienden dan «cobertura política a la impunidad y repetición de las mismas».

Los colectivos inciden en la realidad a la que se enfrentan a diario aquellas personas que no tienen techo donde cobijarse a raíz del «recorte de servicios y prestaciones», apuntando a que, además, son víctimas de «redadas policiales racistas», desalojos y «discursos aporofóbicos y racistas». Por ello, advierten que afrontar de manera policial el aumento de personas en la calle no resuelve sino «agrava» el problema.

EL CONCEJAL LO RECHAZA

El edil de Seguridad Ciudadana, que desvela el origen de las víctimas de los disparos, rechaza las acusaciones de racismo y desproporción, al tiempo que defiende los servicios que se prestan a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.

«La Policía Local de Barakaldo no persigue a las personas en función de su raza, religión o procedencia y sí lo hace, y seguirá haciendo, es en función de su conducta cuando se comete un delito o se infringen las normas de convivencia ciudadana el deber y obligación es actuar y poner los hechos a disposición de la justicia que es a quien corresponde en última instancia juzgarlos y esto se llama Estado de derecho, al que los cuerpos de policía están subordinados», mantiene Madrazo.

Para el sindicato ErNE, no se puede consentir que se tilde de «racistas» a los policías locales de Barakaldo «ni que se cuestionen los procedimientos utilizados en las intervenciones policiales, dependiendo de la raza o del color de la piel de la persona con la que estén tratando en cada momento».

Molestos con el comunicado de una amplia representación política, social y sindical, exigen al Gobierno municipal PNV-PSE «que tome las acciones legales pertinentes para depurar cualquier responsabilidad penal o administrativa de los autores y firmantes». Asimismo, critica el silencio que mantiene el Ayuntamiento de Barakaldo al respecto, que no ha respaldado oficialmente el modo en que actuaron los agentes, algo que sí ha hecho el PSE.

Los hechos fueron investigados por la Ertzaintza y remitidos al juzgado por si se pudiera determinar alguna responsabilidad.