El domingo se celebra el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y ayer los sindicatos LAB, CGT, Steilas, ESK, EHNE e Hiru se movilizaron en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa para denunciar el elevado número de accidentes laborales que se producen a diario en Euskal Herria. De hecho, ayer mismo, un trabajador forestal de 22 años sufrió un accidente grave en Artzentales. Con alrededor de 70 muertos cada año y 21 en lo que llevamos de 2024, la seguridad en el trabajo continúa siendo una asignatura pendiente en el tejido productivo vasco. Y lo es, sobre todo, porque la ley no se cumple. Falta voluntad política. No se puede entender de otra manera que la Administración apenas tenga inspectores y que las entidades encargadas de la implantación de medidas de seguridad sean organismos consultivos, como el INSL en Nafarroa y Osalan en la CAV, sin capacidad para obligar ni para sancionar a las empresas.

El otro aspecto que se reivindica cada 28 de abril es que el lugar de trabajo sea un espacio saludable. Anualmente se producen muchas más muertes por enfermedades que tienen origen laboral que por accidentes en el trabajo. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos pasan desapercibidos porque no son clasificadas como tales. La lucha de las personas enfermas a causa de la exposición al amianto ha puesto de relieve que existe un gran vacío en este aspecto. El incumplimiento de la ley ocasiona condiciones laborables insalubres que se traducen en enfermedades que suponen un importante coste personal, económico y social. En este ámbito, el sistema de salud pública tiene una importante responsabilidad al no calificar muchas de esas dolencias como enfermedades profesionales, porque sin notificaciones no se toman medidas. Además, se carga al sistema público con el tratamiento de enfermedades profesionales que corresponde atender a las mutuas, que para eso se crearon.

Prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo debería ser una prioridad para las empresas y la Administración. No solo salva vidas y ahorra dolor a los y las trabajadoras, sino que además elimina una pesada carga a la sanidad pública.