La multinacional alemana Siemens Energy, dueña de Gamesa, anunció ayer que va a nombrar a un nuevo consejero delegado con el fin de que impulse la reestructuración de la compañía. El plan contempla «ajustes de plantilla», es decir, despidos que presumiblemente afectarán a parte de los 2.800 trabajadores que la empresa de aerogeneradores tiene en Euskal Herria. No obstante, aseguró que su objetivo es recolocar al personal, de modo que el número total de empleados se mantenga estable. Una afirmación que habrá que contrastar con la realidad al final del proceso.

Este plan es la séptima reestructuración que plantea la dirección de Gamesa desde 2012, lo que refleja una crisis profunda a la que no han podido dar una salida en más de una década. Combina aspectos externos, pero también internos. Destaca la deficiente gestión de la dirección que se ha traducido, entre otras cosas, en fallos en la fabricación que están provocando importantes pérdidas. A los errores de dirección hay que sumar la crisis que atraviesa el sector. Los altos tipos de interés están destrozando las cuentas de resultados de una actividad con elevadas inversiones iniciales. Por otro lado, los problemas de suministro han provocado el desbarajuste en la producción y la elevada inflación está encareciendo la fabricación por encima de las previsiones. Esta subida de costes se da además en un momento en que los precios de la energía están cayendo a causa de la elevada competencia, lo que hace que muchos proyectos no sean rentables y que algunas licitaciones para construir parques eólicos en el mar hayan quedado desiertas. De hecho, el sector ya ha empezado a reclamar ayudas. En este turbulento contexto, la lentitud administrativa también ha aportado su grano de arena con importantes retrasos en la conexión a la red de los nuevos generadores.

En este panorama no faltan las críticas a China por competencia desleal, algo que suena a excusa. La impresión general es que ni las empresas ni la administración han estado a la altura en la gestión y en la planificación de la transición hacia las energías renovables. Y, como siempre, los trabajadores terminarán pagando las consecuencias.