Desde marzo de 2021 el Gobierno municipal de Iruñea, en manos de UPN, mantuvo oculto un informe que actualizaba los valores catastrales a partir de los cuales se calcula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y los grupos que entonces conformaban la oposición han denunciado ahora que el retraso en la actualización del catastro ha supuesto una pérdida de ingresos de alrededor de diez millones de euros anuales, casi el 4% del presupuesto del Ayuntamiento de Iruñea. Se trata de una merma importante en la recaudación que ha limitado de forma importante la capacidad de inversión del consistorio, así como la ampliación o mejora de los servicios municipales.

La exalcaldesa Cristina Ibarrola ha asumido lo hecho y se ha reafirmado en su postura contraria a la actualización del catastro con el argumento liberal de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Lo cierto es que la actualización de valores no tiene por qué traducirse automáticamente en un aumento de la recaudación, pues el ayuntamiento tiene la potestad de modificar los coeficientes que se aplican a esos valores, con lo que la recaudación puede incluso ser la misma. Lo que sí cambia es la distribución de la carga tributaria, porque no varía de la misma manera el precio de todos los inmuebles: algunos se pueden revalorizar más -generalmente las viviendas caras de los barrios ricos- mientras el valor de otros puede incluso verse reducido, si se encuentran, por ejemplo, en zonas degradadas. Lo más probable es que estos últimos tres años muchas familias hayan estado pagando por su vivienda o por algún local de su propiedad bastante más de lo que deberían haber abonado si se hubiera ajustado el valor de sus propiedades. De modo que la actualización de los valores catastrales tiene, sobre todo, un impacto en la equidad del impuesto, al distribuir la carga tributaria de manera más justa, de acuerdo con el valor real de la propiedad.

Y esa, posiblemente, es la razón por la que UPN guardó en un cajón el informe, para preservar sus intereses de clase. El nuevo gobierno municipal tiene una gran oportunidad para enmendar la injusticia cometida por el equipo de Ibarrola.