El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitó ayer órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres dirigentes de Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Dief e Ismail Haniyeh. Ahora serán los jueces del TPI los que decidan sobre la demanda. Generalmente, suelen aceptar el criterio de la Fiscalía. Posteriormente, serán los 124 Estados firmantes del Estatuto de Roma -entre los que no está ni EEUU ni Israel- los encargados de ejecutar dichas órdenes de detención.

El paso dado por el fiscal del TPI tiene importantes consecuencias políticas para el régimen sionista de Israel. En primer lugar, el fundamento de la acusación contra los líderes israelíes contiene una larga lista de crímenes que constituye una detallada descripción de lo que es un genocidio: «muerte por hambre de civiles», «tratamiento cruel», «asesinato intencionado», «ataques contra la población civil». El fiscal, asimismo, señala que la salvaguarda de su población «no exime a Israel de cumplir con el Derecho Humanitario Internacional», y concluye que los «medios que Israel eligió para lograrlo en Gaza (...) son criminales». Pocas dudas deja el escrito de acusación sobre el carácter criminal de la actuación del Gobierno sionista. En segundo lugar, es harto conocido el doble rasero del TPI en la persecución de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. De hecho, nunca ha procesado a ningún aliado de los países occidentales. La petición de arresto contra los dirigentes de Israel, estrecho aliado de EEUU, supone un cambio sin precedentes y es una clara muestra de la pérdida de apoyo internacional de Tel Aviv.

Es un paso que llega tarde, después de más de siete meses de ataques, de asedio y hambre, y más de 35.500 personas muertas, de ellas más de 14.000 menores. No obstante, es una decisión muy importante para terminar con la impunidad del Gobierno de Netanyahu y poner fin al genocidio en Gaza. Estas órdenes del TPI y las medidas adoptadas por la Corte de Justicia Internacional abren el espacio a la acción política. Es el momento de que los Estados actúen.