Reveses inconcebibles desde la política sionista
Nadie en Israel pensaba que una parte relevante de la comunidad internacional pudiese darle la espalda como lo ha hecho esta semana. Hace medio año estaba más cerca de concertar con algunos países árabes que del aislamiento. Tras décadas de ocupación, apartheid y exterminio contra Palestina, el sionismo se había aclimatado a la impunidad; ese era su estado político natural.
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, informó a principios de semana de que ha solicitado órdenes de arresto por crímenes de guerra contra dirigentes israelíes y de Hamas, incluido el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y Yahya Sinwar, responsable de Hamas en Gaza. También pide la detención del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y los líderes de Hamas Ismail Haniyeh y Mohammed Deif.
La declaración de Khan fue solemne y contundente. A los mandatarios israelíes les acusa de exterminio, uso del hambre de civiles como método de guerra y ataques intencionados contra la población civil. Los crímenes de guerra atribuidos a Hamas son exterminio, asesinato, toma de rehenes y actos de violencia sexual y tortura.
Todos estos cargos tienen relación con lo que está sucediendo en Gaza a partir del 7 de octubre. Hay que seguir atentamente lo que ocurre en los centros de detención israelíes y en el resto de territorios palestinos. Ese será otro capítulo.
GOLPES A LA LÍNEA DE FLOTACIÓN DEL SIONISMO
En clave histórica, tanto en una lógica bélica como diplomática, el paso del TPI es un golpe fatal para Israel. Hasta ahora era mucho más probable que esos líderes de Hamas fuesen ejecutados sin juicio que ver a un alto cargo sionista ante un tribunal. La sola perspectiva de tener restringidos sus movimientos supone un mazazo para la moral sionista, tanto en su acepción de ánimo como en la ética.
La acusación de «antisemitismo» como una kriptonita moral que tiene el poder de tapar los crímenes contra los derechos humanos es una desviación ética y política irresoluble. Junto con la agenda sionista y los intereses de unos dirigentes corruptos, esa perspectiva ha alterado totalmente la percepción de la mayoría de la ciudadanía israelí. Tras esta semana, el sionismo no alberga dudas, solo incredulidad y agravio. Ese impacto va a perdurar y hay que meterlo en los cálculos a la hora de buscar soluciones.
El TPI tomará pronto una decisión bajo una gran presión por parte de los aliados de Israel, que son claramente señalados como cómplices en el genocidio. Aún no se ha roto esa disciplina públicamente, pero el apoyo militar incondicional va a empezar a tener un coste. Por ejemplo, para la Administración Biden.
El siguiente golpe esta semana fue el reconocimiento del Estado palestino por parte de Noruega, Irlanda y el Estado español. Es un avance, limitado pero diplomáticamente significativo. Tal y como señalaron las fuerzas progresistas vascas, catalanas y galegas en el debate en Madrid, el reconocimiento debería haber llegado antes, ir acompañado de medidas coherentes, de un apoyo a las denuncias ante tribunales internacionales y de un embargo de armas.
Por último, el viernes, la Corte Internacional de Justicia exigía a Israel «un cese inmediato» del ataque sobre Rafah. En respuesta a la demanda de Sudáfrica para que estableciese medidas concretas para evitar el genocidio, el tribunal señaló que «la situación actual tras la ofensiva de Israel provoca riesgos de consecuencias irreparables que llegarían antes de que la Corte tome una decisión definitiva».
La CIJ ya ordenó en enero «tomar medidas inmediatas» ante «el riesgo de genocidio» y, en marzo, exigió a Israel que dejase de impedir la entrada de ayuda humanitaria, pero ahora asume que por culpa de Tel Aviv la situación se ha agravado.
La presión contra el genocidio y en favor de la causa palestina debe ser sostenida en el tiempo y en intensidad. En este momento, los objetivos de quienes en todo el mundo demandan justicia y el fin del genocidio, además de la denuncia y de canalizar de forma eficaz la ayuda humanitaria, son el alto el fuego, las sanciones y el embargo de armas.