El próximo 9 de junio se celebran elecciones europeas. Esta cita tiene lugar en una coyuntura crítica, en la que la UE ha enterrado definitivamente su fachada humanista. Una supuesta identidad comunitaria basada en la paz, los derechos humanos y la cohesión social que, en la práctica, se revela como un auténtico mito: guerra, militarismo, neocolonialismo, poder corporativo y austeridad definen mejor al proyecto europeo en el actual contexto de profunda crisis, disputa por la hegemonía y superación acelerada de los límites biofísicos.

Lejos estamos por tanto de los imaginarios de soft power, diplomacia, resolución dialogada de conflictos, prevención de la guerra o del ejercicio de un siempre difuso contrapeso a EEUU en el seno del bloque atlantista. De igual modo, la imagen de Europa como tierra de asilo y refugio se ha hecho añicos. Incluso la narrativa «verde sostenible» que trató de cubrir los fondos Next Generation muestra en la actualidad su verdadera naturaleza «verde oliva»: el rol de la UE como actor principal en la consolidación y avance del «régimen de guerra» a escala global es innegable, fenómeno que podría tener gravísimas consecuencias para el conjunto de la humanidad.

Así, dentro de la pugna abierta entre bloques geopolíticos y corporativos por acaparar bienes naturales, mercados y zonas de influencia, la UE asume sin prejuicios la lógica amigo-enemigo como base de su estrategia política, siendo la guerra no solo ya un horizonte a evitar, sino en sentido contrario la hipotética salida priorizada por las élites continentales frente a la crisis económica y la pérdida de posiciones respecto a EEUU y China. Se azuza de este modo la espiral de conflictos internacionales, se obvian las conculcaciones de derechos de los aliados, se firman acuerdos para vampirizar mercados y bienes naturales estratégicos, y se apuesta por un neoliberalismo militarista como propuesta general de política económica.

El rol de la UE en el genocidio gazatí es un lamentable botón de muestra. Más allá de las taimadas respuestas a los exabruptos del gobierno de Netanyahu, el aval europeo a la posición israelí es claro, por acción u omisión. Muy lejos, desde luego, de los mínimos que exige la actual coyuntura crítica, comenzando por el cese de relaciones diplomáticas con la entidad israelí (y de manera clara, la ruptura del Acuerdo de Asociación UE-Israel), el fin de los vínculos empresariales bilaterales (como son los casos de CAF o la aceleradora de start-up Sosa, en el caso de Euskal Herria), o la prohibición radical de cualquier tipo de venta de armamento. También en el caso de la invasión y guerra de Ucrania se está destapando el papel de la UE como acicate militarista del conflicto. Destaca así su posición beligerante y su obstruccionismo respecto a eventuales salidas negociadas con una Rusia que se quiere visualizar, en el imaginario colectivo de la ciudadanía europea, como una suerte de «amenaza existencial».

En ambos casos, la exigencia de alineamiento con el discurso dominante está llevando a la extensión de la represión sobre la solidaridad internacional, en un ejercicio de disciplinamiento de los sectores populares cada vez más nítido.

Pero como ya hemos señalado, el rol de la UE en el régimen de guerra no se limita a su lamentable desempeño en los conflictos actuales, sino que se expande al conjunto de su política económica e internacional, engrasando la maquinaria de un neoliberalismo militarista, neocolonial, racista y excluyente.

En este marco se inserta en primer lugar la iniciativa de impulsar una nueva Estrategia Industrial de Defensa, dotada con 1.500 millones para las grandes corporaciones europeas; la priorización de las inversiones bélicas frente a cualquier consideración social; la revitalización de la OTAN, o el crecimiento del presupuesto bélico (el Estado español ya ha superado el 2% del PIB exigido por los compromisos con la Alianza Atlántica).

En segundo término, nuevos programas como Global Gateway, la ley de materias primas críticas o la miríada de tratados de comercio y memorándums de acuerdo con diferentes países y regiones (Egipto, Ruanda, Qatar, etc.). fortalecen la dinámica neocolonial y capitalista por blindar internacionalmente los intereses de las multinacionales europeas, y tratan de garantizar el acceso a energía y materiales estratégicos para el avance de la transición energética corporativa (litio, tierras raras, cobre...), por encima de cualquier consideración política o ecosocial.

En tercer lugar, se consolida la necropolítica asociada a la «Europa-Fortaleza» que la UE promueve sin ambages, especialmente en la Frontera Sur. La reciente reforma del Pacto sobre Migración y Asilo supone una nueva vuelta de tuerca en este sentido, en un contexto de concesiones a la agenda de una emergente extrema derecha.

Cuarto y último, la UE avala el regreso de las políticas de austeridad y en defensa del poder corporativo: el regreso de los límites presupuestarios, así como la proliferación de megaproyectos corporativos de todo tipo bajo la excusa de la transición energética, exponen a las claras la aplicación de la lógica amigo-enemigo también en política interior, frente a los intereses de las clases populares.

Esta agenda verde oliva no es en ningún caso algo exclusivo de la extrema derecha, sino lamentablemente transversal: se expande también por la derecha extrema y la autodenominada socialdemocracia, incluso de ciertas izquierdas. No en vano, Ursula Von der Leyen ha llegado a asegurar que es bienvenida la alianza con aquellos fascismos que se muestren leales a la agenda atlantista.

En definitiva, los movimientos sociales de Euskal Herria debemos denunciar el protagonismo de la UE y sus élites en una escalada militarista que no solo desafía los límites biofísicos del planeta y pone en peligro el futuro de la humanidad, sino que se desarrolla explícitamente en favor del poder corporativo y en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por ello, en la antesala de las elecciones europeas, desde la plataforma Euskal Herria Kapitalari Planto llamamos a una concentración el 31 de mayo, a las 12:00 delante de la Subdelegación del Gobierno.